Dajabón. - El expresidente de la República Dominicana y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, alzó su voz en defensa de la soberanía nacional del país y expresó su rechazo a que al pueblo dominicano se le acuse de racista.
El presidente de la FP afirmó que ninguna entidad extranjera puede trazar pautas en temas migratorios para la República Dominicana, lo que consideró como una violación a la soberanía nacional.
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Fernández expresó: "como ciudadanos dominicanos nos sentimos hondamente agraviados, lesionados, por la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino de nuestro pueblo".
Entre estas instituciones citó a Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Fernández, quien posee amplia experiencia de Estado, detalló que las acusaciones que pesan sobre el país desde esos escenarios internacionales son: "Proclamas infundadas. No se sustentan en la verdad, son contrarias al interés de la República Dominicana y resultan violatorias a nuestra Constitución".
Documento íntegro leído por Leonel Fernández desde la frontera
Fernández, en las inmediaciones del paso fronterizo en Dajabón y el mercado binacional con Haití, afirmó que acusarnos de racistas “es un chantaje”.
Desde la frontera asegura que ninguna entidad extranjera “tiene derecho a trazarnos pautas en temas migratorios Declaración de Rechazo a Organismos Internacionales por Violación a la Soberanía Nacional de República Dominicana Hemos acudido en el día de hoy a esta región fronteriza para, en nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, y en el mío propio, expresar nuestra más profunda indignación por la reiterada violación a nuestra soberanía nacional en que incurren organismos internacionales, como Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La más reciente ha sido la carta abierta dirigida a las autoridades de nuestro país por Amnistía Internacional, en la cual solicita, entre otras cosas, que se detengan las expulsiones colectivas de personas haitianas y solicitantes de asilo.
No somos autoridad en nuestro país, pero como ciudadanos dominicanos nos sentimos hondamente agraviados, lesionados, por la forma desconsiderada e irrespetuosa en que esos organismos pretenden imponer su voluntad sobre el destino de nuestro pueblo.
Por ejemplo, de manera enfática se atreven a señalar que “las autoridades de República Dominicana deben abstenerse de realizar rechazos en la frontera y que deben suspender las deportaciones forzadas, ya sean individuales o colectivas de personas haitianas”.
¿Quién le ha dado autoridad a Amnistía Internacional para trazar esas pautas al pueblo dominicano? ¿Cuáles son sus prerrogativas o competencias legales para reclamar tales exigencias?
¿Por qué se consideran ellos que se encuentran por encima de los atributos de soberanía de nuestro Estado Nacional para imponernos su criterio?
Podemos compartir su filosofía de respeto a los derechos humanos, que consideramos algo noble y sagrado, pero su falta de conocimiento de las condiciones específicas y concretas que puedan estar ocurriendo en un país, pueden inducirles a error.
En esas circunstancias, en lugar de obrar en forma justa, estarían haciendo lo contrario, como es el caso en que están incurriendo con la República Dominicana.
¿Cómo es eso de que en nuestro país debemos adoptar medidas concretas y efectivas para eliminar y prevenir la discriminación racial en la implementación de nuestras políticas migratorias y sistemas de asilo, y adoptar protocolos para impedir la expatriación y reparar el daño a aquellas personas afectadas, así como restituir la nacionalidad de las personas de ascendencia haitiana?
¿Quién ha dicho que aplicamos medidas de discriminación racial en la ejecución de políticas migratorias y sistemas de asilo?
Con anterioridad a Amnistía Internacional, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), había expresado también que los haitianos deben beneficiarse de la protección de refugiados y no ser devueltos a su país. Todas esas proclamas son infundadas.
No se sustentan en la verdad, son contrarias al interés de la República Dominicana y resultan violatorias a nuestra Constitución.
Ninguna entidad extranjera, sea sociedad civil u organismo internacional, tiene derecho a desacreditarnos con infundios, ni a trazarnos pautas con respecto de medidas que debemos adoptar para proteger a nuestros ciudadanos.
Las decisiones que desde República Dominicana se adoptan para expatriar ciudadanos haitianos, son las mismas que asumen otros estados respecto a extranjeros ilegales en sus territorios. Naturalmente, el mundo debe comprender que en la actualidad, la situación se agrava por las condiciones caóticas en que se encuentra Haití.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021, Haití, desafortunadamente, se ha convertido en un Estado colapsado, donde prevalece un vacío de poder y una situación de inestabilidad política crónica.
Bandas criminales se disputan el dominio de su territorio. Establecen alianzas como la del G9, sembrando la muerte y el terror entre sus ciudadanos.
Saquean, secuestran, asaltan, incendian, toman cárceles y liberan prisioneros y mantienen en zozobra a la población haitiana.
Lo que está teniendo lugar en Haití genera preocupación en la República Dominicana. Han construido un canal de manera ilegal, sin contar con el consentimiento del Estado Dominicano, en violación al Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre ambos países; y actualmente existe un legítimo temor que ante la falta de autoridad en el vecino país, la violencia se extienda hacia territorio dominicano.
Por consiguiente, no es por consideraciones racistas que las deportaciones, o la no aceptación de refugiados, se produzcan en la República Dominicana, sino por razones estrictamente de seguridad nacional de nuestro país.
Hacer uso del racismo para exigirnos aceptar a ciudadanos haitianos en territorio dominicano en las circunstancias actuales de violencia en el vecino país, es un acto de chantaje para desprestigiar a la República Dominicana ante la comunidad Internacional.
En la República Dominicana no existe el racismo. Es una comunidad de mezcla racial, que siempre ha vivido en armonía, sin discriminación alguna.
Con respecto a Haití, la República Dominicana fue el primer país en mostrar su solidaridad con ocasión del terremoto que tuvo lugar en enero del 2010.
Fuimos los primeros en acudir en ayuda con alimentos, medicinas y equipos pesados para la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes y restos. Los centros hospitalarios dominicanos recibieron numerosos heridos.
Una memorable imagen circuló el mundo de una madre dominicana lactando a un niño haitiano, como símbolo de fraternidad entre ambos pueblos. Como señal de deseo de un futuro de oportunidades para la juventud haitiana, el pueblo dominicano hizo la mejor ofrenda que podría pensar: la construcción de una universidad en Cabo Haitiano.
Así pues, la República Dominicana ha demostrado ser un país fraterno y solidario en los momentos de desgracia e infortunio del vecino país de Haití.
Pero es lógico suponer que cuando ese sufrido pueblo cae bajo las garras de bandas criminales, la República Dominicana debe procurar protegerse de sus acciones delictivas, aunque organismos internacionales desorientados crean equivocadamente que ese derecho a la supervivencia constituya un acto de racismo.
En lugar de acusar y pretender dar órdenes a la República Dominicana, Amnistía Internacional y ACNUR lo que deben es contribuir con buscar una solución a la situación de violencia y caos que actualmente reina en Haití.
De esa manera, harían una gran contribución con garantizar el respeto a los derechos humanos de 11 millones de ciudadanos haitianos. Mientras tanto, dejen a la República Dominicana tranquila. No la conviertan en responsable de los problemas de los demás.
No es justo. ¡Que viva la República Dominicana, libre, soberana e independiente!
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