Washington.- Donald Trump, expresidente de Estados Unidos (2017-2021), se declaró no culpable este jueves ante una corte en Washington D.C. de varios cargos penales derivados de su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020.
La jueza Moxila Upadhyaya aceptó este jueves dejar libre al exmandatario tras marcar las condiciones para su liberación y fijó la siguiente audiencia en el caso para el 28 de agosto.
Trump, de 77 años, está imputado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.
Las acusaciones fueron presentadas tras una investigación liderada por el fiscal especial Jack Smith, que ha sido tachada por el exmandatario de una “caza de brujas”.
Trump se entregó a las autoridades y fue arrestado formalmente alrededor de las 15:45 horas, tiempo local, antes de ingresar a la sala del tribunal flanqueado por los abogados Todd Smith y John Lauro.
El fiscal especial Jack Smith también fue visto en la sala del tribunal.
Tres oficiales que estaban de servicio durante los disturbios del Capitolio del 6 de enero —el oficial de Policía Metropolitana Daniel Hodges, el ex oficial de policía del Capitolio Aquilino Gonnell y el oficial de policía del Capitolio Harry Dunn— también estuvieron en la audiencia, informaron varios medios.
Por la mañana, Trump declaró en su plataforma Truth Social que sería “arrestado por haber cuestionado unas elecciones corruptas, amañadas y robadas” y lo calificó como un “gran honor”.
Al igual que sus dos primeras comparecencias en un tribunal federal de Miami en junio y en el Tribunal Penal de Manhattan en abril, Trump no fue esposado ni se le tomó una foto policial, dado su alto perfil y bajo riesgo de fuga.
El Departamento de Justicia acusó a Trump en una acusación de 45 páginas revelada el martes de tomar numerosas medidas para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 al hacer “a sabiendas” falsas acusaciones de fraude generalizado.
La acusación formal alega que él y seis coconspiradores presionaron a los funcionarios estatales y federales para que lo ayudaran en sus esfuerzos durante un periodo de dos meses después de noviembre de 2020 e idearon un plan para reclutar a electores fraudulentos para que votaran por Trump contra el presidente Joe Biden.
La acusación también establece en detalle cómo Trump impulsó a sus seguidores en Washington D.C. el 6 de enero, cuando el Congreso estaba certificando los resultados del Colegio Electoral, y se negó a decirles que se retiraran durante horas después de que irrumpieron en el Capitolio, aunque los fiscales no lo acusaron de cualquier delito relacionado con la insurrección.
Los argumentos de la defensa de Trump
El abogado de Trump, John Lauro, afirmó que sus acciones en torno a las elecciones presidenciales de 2020 equivalían a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda y que simplemente estaba siguiendo el consejo de sus abogados cuando tomó medidas para impugnar los resultados.
Los expertos legales dicen que los fiscales deben probar que Trump sabía que sus afirmaciones eran falsas. El expresidente y sus aliados han reclamado el caso, y los otros dos presentados en su contra, son esfuerzos políticamente motivados por parte de fiscales alineados con Biden diseñados para perjudicar sus posibilidades de ser reelegido, aunque ha ganado terreno en las encuestas desde su primera acusación.
Trump y sus aliados también han afirmado, sin evidencia, que las acusaciones se programaron deliberadamente para encubrir las acusaciones de negocios extranjeros ilegales contra el hijo de Biden, Hunter Biden, cuyo acuerdo de culpabilidad por cargos de impuestos y armas se desmoronó en la corte la semana pasada.
Los republicanos también han hecho amplias acusaciones de que el actual presidente utilizó indebidamente su influencia para beneficiar los negocios de su hijo, pero no han presentado ninguna evidencia sólida para respaldar sus afirmaciones, y Biden ha dicho repetidamente que no estaba involucrado en los asuntos comerciales de Hunter Biden.
Aún no se sabe cuando el caso podría ir a juicio. El fiscal especial Jack Smith dijo el martes que quería un “juicio rápido” en el caso. Según la Ley de juicio rápido, los casos federales deben ir a juicio dentro de los 70 días posteriores a la acusación, aunque el equipo legal de Trump ha indicado que buscará retrasar el plazo.
Lauro y Trump han sugerido que también solicitarán un cambio de jurisdicción en el caso al estado de Virginia Occidental, de tendencia republicana, aunque es poco probable que la medida fracase, ya que los jueces de D.C. que supervisan otros casos del 6 de enero se han negado a cumplir demandas similares hechas por los acusados.
Con información de EFE y Forbes US
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