Santo Domingo.- La Fundación Progreso, Salud y Seguridad Social consideró que la inclusión al sistema de seguridad social, del 23 % de la población faltante en los regímenes subsidiado y contributivo, es el primer y mayor desafío que debe ser tratado por las autoridades en el año 2020.
El organismo resalta que la exclusión de estos ciudadanos al régimen subsidiado y constituye es el pecado capital en la aplicación del modelo concebido en 2001 en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en el país.
Enfatizó que ese modelo es considerado un salto cualitativo de gran trascendencia para asegurar la mayor protección social a todos los dominicanos, la cual está dotada de instrumentos fundamentales para la convivencia humana y para la paz social, además contribuye al fortalecimiento de los esfuerzos orientados a combatir la pobreza y crear mayores oportunidades de bienestar en favor de los grupos sociales más postergados.
A través de un comunicado de prensa enviado a este medio, la entidad indicó que en lo que se refiere al artículo 3 , en el que se especifican los principios rectores de la seguridad social, inicia precisamente con la universalidad, planteado que el SDSS “debería proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica”.
En este sentido, la Fundación sostiene, por tanto, que es imperativo e impostergable, el cumplimiento cabal de la Ley 87-07.
“También debemos plantearnos las condiciones que han de ser previstas a los ciudadanos en los distintos regímenes. Es que la diferencia de capitación entre el régimen subsidiado y el contributivo plantea una discriminación implícita entre los dominicanos, lo que a la vez es una violación al derecho de igualdad”, añadió.
Sustenta además, que esta desigualdad en la capitación tiende a establecer diferencias materiales que limitan el acceso a la salud por parte de aquellos afiliados al régimen subsidiado.
A su vez señaló como ejemplo, en otra ocasión en que citó que indicadores de salud fundamentales como son las tasas de mortalidad infantil y materna son sustancialmente inferiores en el régimen contributivo frente al subsidiado.
Asimismo citó, el caso de la mortalidad infantil en la que se tiene una tasa de 8 muertos por cada 1000 nacidos vivos en los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en el ámbito privado, todos en el régimen contributivo, frente a 22 a por cada 1,000 nacimientos que presenta la media nacional.
“En el caso de las muertes maternas el resultado es el mismo, 41 por cada 100 mil en las ARS privadas y una media nacional de 90”, dijo.
Expuso que estos indicadores son una señal clara de cuál es el camino que se debe seguir, más allá de las apreciaciones ideológicas.
Argumento que el régimen de coparticipación público-privada que define la Ley 87-01 es más eficiente en la prestación del servicio de salud que aquel en el que toda la intervención recae en el Estado.
Concluye que “junto con la aplicación de la estrategia de atención primaria y la masificación del primer nivel de atención, éste es el camino que debemos promover para lograr el objetivo de una verdadera salud universal para los dominicanos”.
“En la actualidad, de una población próxima a 10,360,000 habitantes en el país, poco más de 8 millones están inscritos en el sistema de seguridad social, con un 42 % en el régimen subsidiado y un 35% en el contributivo”, concluyó.
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