Santo Domingo.- El Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA) informó que el anteproyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación está listo para ir al Congreso Nacional, tras ser conocido por todas las instancias del gobierno, sociedad civil y organismos de cooperación internacional.
Víctor Terrero, director de la institución, explicó que esta versión de la pieza cuenta con los aportes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue consensuada por la sociedad civil y las agencias de cooperación.
“Este instrumento legislativo responde a una necesidad apremiante de la sociedad dominicana de contar con una legislación que, de forma clara, defina en qué consiste una acción discriminatoria”, indicó.
Dijo que la pieza define los mecanismos jurídicos disponibles para las víctimas, en procura de ser debidamente resarcidas en caso de vulneración de sus derechos.
El funcionario manifestó que en el país muchas violaciones de los derechos humanos pasan desapercibidas o quedan impunes por la falta de una ley específica que prevenga y penalice el trato discriminatorio en cualquier ámbito.
“El anteproyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación consolida en un solo cuerpo las previsiones y disposiciones destinadas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona”, señalo a través de una nota.
Precisó que el anteproyecto fue preparado por consultores especializados en el tema, acompañados por técnicos del CONAVIHSIDA, representantes de grupos vulnerables, sector privado y organismos de cooperación internacional.
Terrero adujo que la pieza está concebida para proteger los derechos de toda la población, con énfasis en los grupos considerados más vulnerables, entre los que señaló mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTBIQ+) y trabajadoras sexuales.
Además, personas con VIH, migrantes, drogadictos, personas viviendo en pobreza extrema y privados de libertad.
Terrero expresó que la entrada en vigencia de este instrumento legislativo, que es un objetivo tanto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020, como del Plan de Gobierno 2016-2020, será un momento de inflexión en el fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos en el país.