Santo Domingo. - Los empresarios chinos, afectados con el cierre de negocios, y las autoridades anunciaron que a partir de este lunes iniciaran un proceso de diálogo a los fines de posibilitar un acuerdo, y estos puedan abrir sus tiendas, informó el abogado Salvador Catrain.
Dijo que recibió una llamada de las autoridades y que fue convocado junto a los empresarios chinos a una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana por lo que decidió posponer una rueda de prensa que tenían programada.
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que definitivamente garantice la posición que ha asumido el MIVHED y por el otro lado los derechos de las empresas china que representa”, dijo el abogado Catrain.
Exhortó a que a estar atento porque se estaría anunciando la solución o el tipo de solución que se pretende arribar con el conflicto y en su defecto expondrá su posición en defensa de los intereses de los empresarios chinos que representa.
“Nosotros representamos intereses, el diálogo, la conversación, los acuerdos consensuados son la mejor forma de arribar a una solución a este tipo de conflicto”, dijo el abogado.
No reveló con quién se reuniría este lunes y agradeció a los medios de comunicación su interés por el caso y se comprometió a informar a la opinión pública el curso de la reunión.
Se recuerda que el pasado 26 de agosto y el 08 de septiembre de 2025, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ordenó el cierre de la tienda SUPLAX, en el Distrito Nacional y otras en el interior del país alegando una supuesta falta de licencia de construcción.
Posteriormente, esta medida fue extendida a nueve establecimientos adicionales de origen chino, sumando un total de once comercios afectados.
“El MIVHED actuó de manera arbitraria y sin competencia, vulnerando derechos fundamentales de empresarios que operan conforme a la ley. Estas acciones carecen de sustento jurídico y afectan gravemente la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en el país”, dijo.
Indicó que todas estas tiendas, legalmente constituidas, cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes. Han operado durante más de un año, generando empleos directos e indirectos y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y comercial de las comunidades donde están establecidas.
El MIVHED actuó sin agotar el debido proceso administrativo y sin contar con la competencia legal para ordenar el cierre o la paralización de establecimientos ya edificados, establecidos y en funcionamiento, conforme a la normativa vigente.
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Empleos en riesgos
Más de tres mil empleos se encuentran en riesgo debido a estos cierres, además de una importante contribución fiscal que el Estado dominicano está dejando de percibir.
Lo más preocupante es el impacto sobre la población consumidora, ya que estos comercios son reconocidos por ofrecer productos a precios accesibles, beneficiando directamente a los hogares dominicanos y contribuyendo a la libre competencia del mercado.
Los representantes legales exhortaron al MIVHED y al Estado dominicano a abrir un proceso de diálogo constructivo, permitiendo que las tiendas afectadas puedan operar durante el proceso de cualquier tipo de corrección, otorgando un plazo razonable para su conclusión.
De esta manera, se evitarían daños económicos innecesarios, pérdida de empleos y se fomentaría un clima de cooperación, legalidad y estabilidad empresarial.