Santo Domingo.- El expresidente Hipólito Mejía afirmó que el sector eléctrico sigue representando uno de los principales problemas del país, por lo que se requiere imponer la voluntad política necesaria para lograr urgente la firma del Pacto Eléctrico como forma de acelerar su solución.
El exmandatario manifestó que se requieren de compromisos concretos y acciones que puedan garantizar el suministro confiable de electricidad (menos apagones), precios competitivos (facturas baratas) y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Mejía, a través de un comunicado de prensa, expresó que dicho Pacto es un mandato legal, cuya concertación fue uno de los compromisos asumido dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo convertida en ley en 2012 (Ley 1-12).
A su vez, resaltó que la concertación del Pacto conllevó tres años de negociación en el seno del Consejo Económico, en el cual participaron representantes del gobierno, partidos políticos, sector privado, sector laboral y sociedad civil, sin embargo, advirtió que previamente el gobierno debe detener ya la violación a la Ley General de Electricidad absteniéndose de firma de contratos de compra de energía bajo la modalidad de IPP al margen de dicha ley tal como ha estado ocurriendo en la CDEEE.
“Como resultado, se lograron consensuar más de 200 compromisos, y poco más de una decena de temas quedaron en disenso. El Pacto no es perfecto, pero contiene aspectos importantes para mejorar significativamente el sector eléctrico y que todos debemos asumir”, apuntó Mejía.
Entre las ventajas que se lograrían con la firma del Pacto Eléctrico, consideró, el ordenamiento institucional, ya que actualmente coexisten un conjunto de instituciones que se solapan y se convierten en factores de ineficiencia, al referirse a al Ministerio de Energía y Minas, Comisión de Energía, Superintendencia de Electricidad, CDEEE, PROTECOM, EDES, ETED y EGEHID.
El exmandatario argumentó que el Pacto establece los parámetros para la reestructuración del sector en el corto plazo, lo que permitiría reducir burocracia y costos innecesarios.
Dijo que con el pacto se establece la aplicación en el corto plazo una tarifa técnica que también es un mandato de la ley 125-01, pero que ha sido desconocida por las presentes autoridades.
“La aplicación de esta tarifa evitará la discrecionalidad existente, se logrará transparentar los costos, que se traducirá en reducción de las facturas del consumidor”, expresó.