Santo Domingo.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) respondió este martes a la solicitud de la Fuerza del Pueblo (FP) que los llamó a dar respuesta a la cantidad inusual de renuncias de técnicos informáticos, al asegurar que el organismo presentó una propuesta de reestructuración orgánica de la Dirección Nacional de Informática.
En cuanto a la comunicación depositada por ese partido, así como las posiciones de otras organizaciones, el Pleno afirmó que desde el mes de diciembre de 2020 hasta el mes de enero de 2022, en la Dirección de Informática se han producido 17 vacantes, las cuales se corresponden a tres fallecimientos, dos jubilaciones o pensiones y 12 renuncias.
“De estas vacantes solo una corresponde a un subdirector que lamentablemente falleció en abril de 2021 a consecuencia del covid-19, en tanto las demás vacantes corresponden a personal que no ocupa posiciones de mando o gerencia ni de sensibilidad técnica”, explicaron.
En ese sentido, aseguraron que, el Pleno, en atención a las necesidades operativas de Dirección Nacional de Informática, ha cubierto siete plazas que se corresponden con las posiciones siguientes: dos subdirecciones; un auxiliar técnico; un soporte al usuario; un soporte técnico; un encargado de formulación de proyectos y un líder de proyecto. Respecto a las dos subdirecciones, apuntó que serán sometidas a un proceso de consulta.
“Como se ha señalado, para el Pleno de la institución son de alta prioridad la transparencia y el fortalecimiento institucional, es por ello que aprobó su Plan Estratégico Institucional 2020-2024, siendo uno de los pilares fundamentales difundir las informaciones de forma oportuna y transparente a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, confianza que se vio afectada debido a los acontecimientos pasados”, adujeron.
Mientras que, destacó que como parte de este proceso, propiciarán reuniones periódicas de la Dirección de Informática con los delegados técnicos de las organizaciones políticas debidamente acreditados, a fin de mantenerlos informados de los proyectos institucionales y de hacerlos partícipes con sus opiniones y sugerencias de las decisiones que habrán de ser tomadas, con miras a desarrollar un proceso electoral íntegro, transparente, participativo, ejemplar y confiable.
El órgano electoral aclaró que desde el mes de octubre de 2021 desarrollan el proceso de reestructuración de las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), a fin de concluirlo en los próximos meses, cuando aún falte poco menos de dos años para el proceso electoral de 2024, lo que constituye un hecho sin precedentes en la institución.
Indicó que como parte de este proceso, en el mes de agosto de 2021, el Pleno presentó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y a la ciudadanía en general sus propuestas de modificaciones a la Ley No. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral y a la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Asimismo, en el mes de septiembre de 2021 acordó presentar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL) una propuesta de reestructuración orgánica de la Dirección de Informática de la institución, a los fines de que prestara asesoría técnica, para posteriormente comunicarlo a las organizaciones debidamente reconocidas.
También apuntaron que en su sesión del 17 de enero, aprobaron que el 9 de febrero se celebre una audiencia pública, en la cual presentarán la indicada propuesta a las organizaciones políticas para que expresen su parecer.
“Una vez recabadas las posiciones o pareceres de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos el Pleno se abocará a conocer y aprobar la nueva estructura orgánica de la Dirección Nacional de Informática, tras lo cual procederá a la ratificación o designación de los subdirectores de dicha área, previa presentación de los perfiles profesionales a las organizaciones políticas para que opinen al respecto, a pesar de que la ley no lo ordena”, señalaron, y, que, esto último “en una clara apertura y en ánimo de propiciar la transparencia y la participación de los actores del sistema, como hasta ahora lo ha demostrado este Pleno”.
Afirmaron que su compromiso es garantizar la integridad de las elecciones, con un manejo transparente y de apertura hacia todos los actores, con irrestricto respeto de los valores constitucionales, el principio de legalidad, así como de los demás principios y reglas que rigen la administración electoral y la democracia.
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