Santo Domingo.- En la jornada de diálogo que realiza el Consejo Económico y Social (CES) junto a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), y representaciones de la sociedad civil, se acordó remitir a la Junta Central Electoral (JCE) el listado de la comisión que acompañará al organismo electoral para el próximo proceso eleccionario.
Una comisión que acompañe al órgano electoral para los próximos comicios, es uno de los primeros acuerdos que ha producido el diálogo, mientras se discute la designación de una terna para la designación de un fiscal electoral interino que investigue y sancione los delitos electorales.
La comisión de acompañamiento estará compuesta por Participación Ciudadana (PC), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Conferencia del Episcopado Dominicano, una representación de los jóvenes manifestantes en la Plaza de la Bandera, así como también la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), con el objetivo de generar transparencia y confianza en la población para las Elecciones Extraordinarias Municipales del 15 de marzo.
César Dargam, vicepresidente del CONEP, aseguró que dicho documento se enviaría a la JCE de manera íntegra como se acordó.
Fiscal electoral
Mientras que la terna de la cual se elegirá el próximo o la próxima fiscal electoral interina se redujo dos nombres: Jonathan Baró y Gisela Cueto.
Se acordó enviar una carta al consejo del Ministerio Público para que convoque este jueves temprano, y se elija entre estos dos el próximo fiscal electoral interino, quien tendrá alcance nacional para perseguir los delitos electorales que pudieran presentarse en el próximo proceso electoral.
Esta designación, es otro de los avances que se han logrado en el diálogo del CES, junto a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), y representaciones de la sociedad civil en busca de una salida a la crisis político electoral que vive el país tras la suspensión de las pasadas elecciones municipales.
La carta que el CES enviará al Consejo Superior del Ministerio Público, en la que se deberá indicar que el fiscal electoral interior deberá ser designado de manera inmediata, tendrá alcance nacional, y funcionará como una procuraduría especializada, según se acordó.
¿Quiénes son?
Jonathan Baró Gutiérrez es el actual procurador general de Corte de Apelación, Titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal.
Como Segundo Incumbente, funge como procurador general adjunto.
Dentro sus funciones tiene: dirigir las investigaciones y promover el ejercicio de la acción pública, por sí o por intermedio de los procuradores generales de Cortes de Apelación a su cargo, en todos aquellos casos cuyo conocimiento en primera instancia corresponde conforme a la Constitución a las Cortes de Apelación.
Además supervisa las investigaciones y el ejercicio de la acción penal a cargo de las fiscalías de su región y dictar a los procuradores fiscales titulares, las instrucciones particulares que correspondan cuando advierta negligencia manifiesta en la gestión de los casos.
También el de asumir personalmente o a través de un procurador general de Corte a su cargo, cualquier proceso penal de acción pública de su región cuando advierta negligencia o incapacidad manifiesta en la gestión del caso.
Dentro de su funciones debe velar el cumplimiento efectivo de la dirección funcional de la investigación a cargo de los miembros del Ministerio Público, y puede realizar gestiones de coordinación con la policía o cualquier otra agencia ejecutiva de investigación o seguridad a nivel regional para facilitar esta dirección funcional.
También debe conocer y resolver acerca de las recusaciones planteadas contra los miembros del Ministerio Público, entro otras potestades, de acuerdo a su perfil.
Gisela Cueto
Gisela Cueto es actual procuradora adjunta para asuntos internacionales del Ministerio Público.
También ha desempeñado funciones en el ámbito público, tales como secretaria del Tesoro del Ayuntamiento de Luperón, provincia Puerto Plata, encargada de corrección y redacción de proyectos de ley de la Cámara de Diputados y jueza honorífica de la Junta Electoral del Distrito.
En 2007 fue galardonada con la medalla al mérito otorgada en el Día Internacional de la Mujer por el Poder Ejecutivo.
A nivel académico posee una especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal (Escuela Nacional del Ministerio Público, 2005).
Como procuradora adjunta para asuntos internacionales del Ministerio Público, estuvo a cargo e inició en 2015 los trámites para traer de España a Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, acusado de asesinar a la abogada de Puerto Plata Paola Languasco.
Esta procuradora adjunta tiene dentro de sus funciones sustituir al procurador General de la República en caso de ausencia temporal, excusa o recusación. El primer y segundo sustituto lo sustituirán de pleno derecho y en su orden. En ausencia o imposibilidad de éstos, la sustitución recaerá en el procurador Adjunto de mayor edad.
Representar al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano que les encomiende el procurador General de la República.
Promover, por asignación del procurador General, la acción penal pública en los casos cuyo conocimiento en primera y única instancia corresponde, conforme a la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia.
Coadyuvar a la formulación e implementación de las políticas estatales de prevención y control de la criminalidad, bajo la supervisión y coordinación del Procurador General de la República.
Ejercer cualquier otra función que les atribuya el Procurador General de la República en el ejercicio de sus funciones.
Otras funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.
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