Santo Domingo.- El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, sometió una solicitud a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a la Cámara de Cuentas para la realización de una auditoría de los bienes y patrimonio de su cliente de acuerdo con la realidad y las declaraciones juradas de bienes sometidas durante sus funciones públicas.
A su vez, lo defensores solicitaron las copias de las auditorías, informes y comunicaciones realizadas, remitidas o recibidas durante la gestión de Rodríguez frente a la PGR durante el período 2016-2020 respecto a la gestión administrativa, contable y financiera de la institución.
“Jean Alain Rodríguez es el más interesado en que esta auditoría se realice por lo que se han remitido varias comunicaciones para solicitar a la entidad competente y autorizada para que realice este escrutinio sin haber recibido respuesta, como si la PEPCA quisiera esconder la verdad.
Requerimos que a la mayor brevedad posible ese organismo realice una auditoría no solo a su patrimonio personal, sino a la gestión completa”, señaló Gustavo Biaggi Pumarol.
Señalaron que a su cliente le han incautado bienes de manera ilegal y arbitraria que pertenecen a entidades societarias compartidas con terceros y familiares con todo su patrimonio personal generado previo a su designación como Procurador General, de manera transparente, con recursos lícitos y oficiales.
Sin embargó manifestaron que “nuestro cliente tiene como justificar cada peso que la ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie” añadió Biaggi.
Señalaron que todos sus bienes figuran dentro de los activos presentados en sus declaraciones juradas de los años 2012, 2016 y 2020, ya sea de forma directa o como parte de los activos de sociedades parcialmente de su propiedad, declarados de forma transparente y con todos sus justificativos y pago de impuestos, por lo que solicitan una auditoría e informe evaluativo de su patrimonio que refleje la verdad.
Por igual, antes de ser funcionario tenia diversas propiedades inmobiliarias y turísticas, con sus certificados de título y justificativos de compra producto del ejercicio privado incluyendo la residencia donde actualmente reside, adquirida en el año 2011 y presentada en su declaración jurada del 2012.
“En todo el expediente de medidas de coerción no existe una sola imputación ni siquiera mención de su patrimonio o declaraciones juradas, pero ha dado este paso de solicitar al propio órgano investigador que revise su patrimonio completo para así demostrar que el mismo permanece idéntico al que tenía previo a ser funcionario” criticaron.
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