Montecristi.- El juez interino de la oficina de atención permanente del distrito juridicial de esta provincia, Erickson Castro, pospuso para el próximo día 27 de Marzo, el conocimiento de la medida de coerción seguida contra 15 personas, detenidos mediante la operación Frontera, en esta provincia y Dajabón respectivamente.
La decisión del magistrado, quien sustituyó a Javiera Gómez, quien fue recusado por los abogados, se produjo atendiendo la presentación de dos certificados médicos que avalaron la ausencia de abogados de los implicado en el caso de trata de personas.
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Por este caso están detenidos cinco militares y diez civiles, apresados mediante allanamientos en sus residencias, a principio del mes de febrero por los hecho que se les imputan.
Entre los imputados están Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.
Así como también los miembros del Ejército Dominicano, el segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.
En la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso.
Los encartados están acusados por tráfico ilícito de migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; los artículos 265 y 266 del Código Penal, que tipifican como un delito la Trata y Tráfico de Personas.
De acuerdo con la investigación, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza del país.
En los 16 allanamientos realizados se encontraron 24 inmigrantes, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la estructura criminal para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
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