Santo Domingo.- Al menos siete propiedades han sido incautadas en las últimas semanas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y a otros imputados en el caso Medusa.
Wilson Camacho, titular de la PEPCA, dijo que las propiedades ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia La Romana cuentan autorizaciones de un juez competente que ordenó el secuestro de esas propiedades con títulos.
Manifestó que en La Romana se incautaron, no se allanaron, cuatro propiedades, entre ellas una villa y un solar, mientras que en el Distrito Nacional se incautaron tres bienes, dos oficinas y un bien inmueble.
Sostuvo que todos estos bienes irán a un proceso para que un juez decida sobre el decomiso de los mismos, que a su juicio han sido adquiridos con dinero sustraído de fondo público.
Dijo que en el proceso de operación Medusa han sido identificados un esquema de corrupción sin precedente en República Dominicana, algo simplemente escandaloso, para distraer bienes del erario público.
Expresó que el Ministerio Público está utilizando cada segundo disponible para recuperar esos bienes, tal como ocurrió este viernes, donde se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional
"Ustedes pueden tener la seguridad que nosotros dedicaremos tiempo para que cada peso sustraído del erario sea recuperado en esta etapa del proceso", acotó Camacho.
Denuncian abuso de poder
Mientras que el Consejo de Defensa del exprocurador informó que el Ministerio Público violentó el libre ejercicio de la profesión de defensa y la conculcación de derecho universal que le asiste a su cliente, allanaron las oficinas de trabajo de donde se diligencia la defensa técnica de cara a rebatir los cargos que se le imputan a su defendido.
“Sin previo aviso y concluido el plazo establecido por la ley para la finalización de la investigación, que culminó el pasado jueves 8 de junio a las 12:00 am, se presentaron miembros del Ministerio Público de manera atropellante a la sede de donde opera el Consejo de Defensa a realizar un allanamiento de documentos de manera “supuestamente” temporal. Durante meses hemos solicitado la entrega de documentos e informaciones para preparar la debida defensa, tuvimos que ir ante un juez para obligarlos a que entregaran la información, lo cual se han negado a realizar. Para hoy venir a atropellar al Consejo de Defensa y llevarse los pocos documentos que se poseen para la debida defensa técnica, un derecho constitucional y universal que le asiste a Jean Alain”, afirmó Carlos Balcácer.
Afirman que de acuerdo a la Ley 3-19 las autoridades tienen la obligación de velar por que los abogados tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus clientes una asistencia jurídica eficaz. Pero que en el caso de Jean Alain Rodríguez esto ha sido violentado desde el inicio.
El Consejo de Defensa recordó que “hace así un año la PEPCA le dijo al tribunal, al país y al mundo que tenían un “expediente blindado” por falsos sobornos y sobreevaluación de obras y solicitaron más tiempo para finalizar su manipulada investigación, la cual venció hace 9 días” expresaron los destacados juristas.
Imágenes del allanamiento (Fuente: Instagram /Defensa Jean Alain)
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La PEPCA no cumplió con el depósito de la acusación y como buena mala paga fue intimada para hacer el depósito en un plazo máximo de 20 días calendario, estando prohibido todo acto investigativo como allanamientos, incautaciones, solicitudes, entrevistas e interrogatorios.
“Hoy de manera irresponsable y violando la ley, allanan una serie de propiedades pertenecientes al ex procurador incluyendo el centro de trabajo de donde despacha y opera el Consejo de Defensa. No solo es improcedente, sino altamente preocupante, pues con esto se violenta el derecho a la defensa que es un derecho fundamental que le asiste a toda persona, para defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia”.
A casi 12 meses del sometimiento a la justicia sin sustento y apresamiento del ex procurador, cuando el Ministerio Público aseguró estar listo para formalizar la acusación, informando y mintiendo que el expediente era sólido y estaba blindado de nuevo, incumplen, no presentan acusación y continúan con los atropellos violentando el debido proceso. Esto demuestra que ni tienen pruebas reales ni han tenido más capacidad para seguir construyendo falsedades.
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