Santo Domingo.- El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, consideró este martes que en los casos de corrupción Super Tucano y Odebrecht, donde la mayoría de los imputados fueron absueltos, se cometió negligencia por parte del equipo a cargo de estos procesos, lo que a su juicio debe ser investigado por las actuales autoridades del Ministerio Público.
“Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegarán a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por partes de ambas empresas (que admitieron dar sobornos a cambio de adjudicaciones), revela una clara obstrucción a la justicia y, en el menor de los casos, una negligencia grosera que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, precisó Abreu.
Durante una rueda de prensa ofrecida por el movimiento cívico con relación a estos procesos judiciales, como el de los Tres Brazos, donde un tribunal liberó a los imputados de ir a juicio de fondo, Abreu manifestó que con esto el sistema de justicia ha fallado.
Indicó que la sentencia absolutoria dictada a favor de todos los imputados en el caso el caso Súper Tucano, y él no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al expediente Odebrecht (donde hubo dos condenados y cuatro descargados) “en la misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre, dejando muy mal parado al sistema de justicia”.
“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, indicaron.
Manifestó que el sistema de justicia ha fallado, tras asegurar que los hechos criminales han sido “mucho más que evidentes”, llegando en los casos de las empresas brasileñas (en los casos Super Tucano y Odebrecht) hasta el punto de haber confesado los sobornos y declarado los montos entregados.
“En Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años. No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal”, comentó Abreu.
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