Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) presentó este viernes una propuesta para la modificación de la Ley 136-03, del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (o Código del Menor), a los fines de aumentar las sanciones penales a menores de edad, con un máximo de 30 años de reclusión, por la comisión de asesinatos, homicidios, violaciones sexuales, narcotráfico, entre otros crímenes graves.
En una rueda de prensa, Trajano Vidal Potentini, presidente de la organización, calificó de anacrónico el Código del Menor, fuera de época y contexto, con penas máximas de sólo 5 y hasta 8 años en casos excepcionales.
Entiende que esas penas blandas, es un caldo de cultivo para que en los menores vuelvan a cometer delitos en su vida adulta, debido al poco régimen de consecuencias.
Vidal Potentini explicó que de acuerdo con la experiencia comparada, decenas de países tienen penas a partir de los de 15 años como por ejemplo España, Chile, Costa Rica, Cuba, Etiopía, Filipinas, Jamaica, Hong Kong, Ucrania, el estado australiano de Queensland, en Arabia Saudita y otros países de Oriente Medio. Mientras que hay prisión perpetua para los menores en conflicto con la ley penal en los Estados Unidos.
Contenido de la propuesta
Plantean que ante la comisión de crímenes y delitos graves como sicariato, asesinato, robo con violencia, violación sexual, secuestro, terrorismo, y narcotráfico, a los menores con edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años, se les habilite luego de una evaluación de una comisión multidisciplinaria, compuesta por un trabajador social, un psicólogo, un psiquiatra, un representante del CONANI y un representante del Ministerio Público, a los fines de que sean juzgados en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes de manera excepcional con la aplicación de penas que van de 10 a 30 años, para los autores principales, y en caso de complicidad de 5 a 20 años.
Los directivos de la organización lamentaron el horrendo crimen de que fue objeto una niña de apenas 4 años en la ciudad de Santiago, donde se involucra un menor y un adulto como autores materiales. Consideraron que ese caso también evidencia irresponsabilidad y negligencia de la madre de la menor, pasible también de condena y sometimiento penal.
La Fundación anunció que se involucrara y dará seguimiento al expediente penal de Santiago, procurando que el mismo llegue hasta las últimas consecuencias, incluso constituyéndonos como actores civiles en el proceso.
Estas declaraciones fueron emitidas en rueda de prensa en la sede principal de la Fundación Justicia y Transparencia, encabezada por su presidente Trajano Potentini y los miembros Smerly Rodríguez, Grace Potentini, Y Wilton Andrés Pérez.
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