Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), advirtió este jueves al Congreso que someter y llevar a cabo un juicio político de destitución contra del pleno de la Cámara de Cuentas, en las actuales circunstancias, ahora sería más negativo que positivo, además de un escollo para la ya tan debilitada lucha contra la corrupción.
La entidad cívica, pese a reconocer la existencia de una gran crisis a lo interno del órgano auditor con un descrédito creciente, deficiente desempeño, falta de gerencia y coordinación entre sus miembros, además de los graves cuestionamientos y acusaciones de tipo penal que pesan sobre su actual presidente, Janel Andrés Ramírez, creen que abocarnos a un juicio político y una eventual destitución de sus miembros, observando un debido proceso de ley y una duración mínima de dos meses, cuyo proceso mantendría al órgano en un limbo, con el inconveniente de otros tres meses para seleccionar una nueva cámara.
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“Lo cierto es que perderíamos un mínimo de cinco meses con miembros nuevos que apenas vendrían a completar el periodo faltante, de algo menos de un año y medio, con la tarea de organizar personal, hacer un levantamiento y conocer a profundidad las funciones y los retos que tendrán por delante, perdiendo también un tiempo que haría aún más inoperante el órgano, todo ello afectando sensiblemente los avances que hasta ahora viene registrando el Ministerio Público”, precisó Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia.
Explicó que como dice un dicho popular: “valdría más la sal que el chivo”.
“Y que aún con los cuestionamientos éticos y las profundas diferencias entre sus miembros, estos estarían en mejores condiciones, que cualquiera otro que llegue nuevo para sacar algunos informes y auditorías, de las tantas que hay pendientes y en curso, de lo contrario caeríamos en un limbo, resultando en más impunidad y mayores problemas en el combate a la corrupción”, acotó.
Favorece cambiar presidente por una de las tres mujeres
También exigió del Senado el darle cumplimiento a la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, cuando dispone en su Artículo 13 lo siguiente: “Bufete directivo. Al designar los miembros de la Cámara de Cuentas, el Senado de la República conformará un bufete directivo, integrado por un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes durarán en sus funciones por el período de dos años”.
“En suma, es mandatorio por su ley, el renovar cada dos años su bufete directivo, siendo saludable el que se cumpla con la igualdad y el género, dándole la oportunidad a una de las tres mujeres para que encabece el órgano, fórmula que ojalá pueda considerase en una eventual reforma a su ley, incluso que los 5 miembros, en los 4 años de gestión, se alternan mujeres y hombres en los puestos directivos, permitiendo así mayor control, participación y gobernabilidad del órgano”, sugirió Potentini en rueda de prensa junto a directivos de la fundación.
Justicia y Transparencia entiende que es el momento oportuno para producir, de cara al futuro una reforma, que garantice la gobernabilidad como mucho han planteado con el absurdo de que le den más poderes al presidente, sino más bien democratizando, modernizando y eficienciando la labor del órgano.
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