Santo Domingo. - Los empleados de la empresa Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), acarrean el riesgo de ser procesados judicialmente y condenados a un año de prisión tras interrumpir las labores y atentar con el libre ejercicio de la industria en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
La advertencia la hizo el jurista César Amadeo Peralta, tras ser preguntados por periodistas sobre la situación jurídica que podría generar el impasse que mantienen CORMIDOM y el sindicato de Trabajadores de la mina Cerro Maimón (Sitracema) que obligó a la firma a paralizar sus actividades productivas.
“Si los directivos de dicha empresa lo deciden, estos podrían querellarse contra varios de los empleados responsables y contra los mismos no solo solicitar prisión preventiva, sino también la reparación en daños y perjuicios en virtud a lo que disponen los artículos 414, 415, 416, 417 del Código Penal Dominicano, los cuales establecen de manera clara lo siguiente: Art. 414.- Se castigará con prisión de un mes a un año, y multa de diez a trescientos pesos, o con una de las dos penas solamente, al que por medio de violencias, vías de hecho, amenazas o maniobras fraudulentas, hubiese operado, mantenido o intentado operar y mantener una interrupción de trabajo, con el fin de forzar la alza o la baja de salarios, o de atentar al libre ejercicio de la industria”, aclaró.
Amadeo Peralta recordó que la decisión del tribunal laboral fue tomada por el juez presidente, Miguel Mijigón, acogiendo la solicitud de la empresa, ya que “esta situación pone en riesgo la permanencia de las operaciones mineras en la zona y está impidiendo de forma directa las operaciones de CORMIDOM, lo que pone en riesgo y peligro el trabajo de aproximadamente 700 trabajadores”.
Se recuerda que, debido a la situación extrema y de fuerza mayor y a las consecuencias de este conflicto, CORMIDOM anunció la suspensión de sus operaciones productivas lo que les ocasionó graves pérdidas y entraba en un proceso solamente de mantenimiento, lo que es una causa clara para solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios por la acción dolosa de sus empleados.
El anuncio fue dado a conocer por Paul Marinko, presidente de CORMIDOM, quien indicó que, para tales fines, ya han iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes.
El abogado Amadeo Peralta agregó que si producto de esta situación de cierre provocado de manera dolosa por parte de empleados de confianza de la empresa, esto provocó que algún alto directivo o ejecutivo de la minera se tuviera que ir a su país de origen por el cierre en estas condiciones la pena para los empleados aumentaría a dos años de prisión correccional en virtud a lo previsto por el artículo 417 del Código Penal Dominicano.
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