Santo Domingo, República Dominicana • Domingo 06 de Octubre, 2024
miércoles 29 marzo, 2023

Instituto Duartiano rechaza informe de Amnistía Internacional

Añadió que la xenofobia, el racismo y la discriminación que alega el referido ente internacional solo existe en las cabezas de quienes alimentan estos informes desde nuestro país, quienes únicamente procuran justificar los aportes económicos que, desde el extranjero, reciben para hacer una penosa y vergonzante labor que ataca en sus bases esenciales a la misma dominicanidad.

Santo Domingo.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, expresó este miércoles su rechazo al informe 2022-2023 de Amnistía Internacional, el cual dijo que se inscribe entre los eslabones de una bien orquestada cadena de falacias que tan solo procura el descrédito internacional de la nación dominicana.

El presidente del organismo patriótico indicó que “este es abusivo, desconsiderado y revela una actitud orientada a la puesta en práctica de una burda intromisión o injerencia en los internos de la República Dominicana, que pretende quebrar el principio de no intervención establecido por el derecho internacional público y que figura en todos los estatutos de los organismos y de las naciones soberanas”.

Gómez Ramírez indicó que “Amnistía Internacional no le asiste ningún derecho para cuestionar la construcción de un muro en la frontera dominicana, de la misma manera que no es su facultad hacerlo con respecto al muro que erige los Estados Unidos América en la frontera con México; se trata pues, de un informe abiertamente falaz y atrevido, que el pueblo dominicano rechaza de plano”.

Añadió que la xenofobia, el racismo y la discriminación que alega el referido ente internacional solo existe en las cabezas de quienes alimentan estos informes desde nuestro país, quienes únicamente procuran justificar los aportes económicos que, desde el extranjero, reciben para hacer una penosa y vergonzante labor que ataca en sus bases esenciales a la misma dominicanidad.

Enfatizó que las autoridades nacionales, principalmente el Ministerio Público, deben de procurar la aplicación del artículo 76 del Código Penal el cual sanciona a “toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquiera institución para tratar las disposiciones contra el gobierno, se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquiera institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos.