Santo Domingo.- Las personas arrestadas por violar el toque de queda impuesto por el Gobierno y que tengan dificultades económicas para cubrir el monto de la multa correspondiente, podrán realizar trabajo comunitario, siempre que logren la autorización de un juez competente.
La disposición fue anunciada por la procuradora general de la República (PRG), Miriam Germán Brito, a todos los miembros del Ministerio Público.
“En caso de verificar que el pago de una multa constituiría una imposibilidad para el imputado, que soliciten al juez competente la conversión de la multa en trabajo comunitario, de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro”, indicó Germán Brito a través de un comunicado.
El instructivo, acompañado de las referencias al marco legal correspondiente, dispone que los agentes de la Policía Nacional deben presentar, “sin demora y sin falta”, por ante el Ministerio Público a toda persona arrestada por violación al toque de queda y a las medidas relativas a las aglomeraciones de más de 10 personas en espacios públicos y privados de uso público.
Dichas restricciones, que se extienden hasta el 21 de este mes, se corresponden con lo dispuesto por el Decreto 7-21, emitido por el Poder Ejecutivo el 8 de enero.
La instrucción de la procuradora establece los montos a imponer a los ciudadanos y los negocios que desacaten las medidas dispuestas por las autoridades para contener la expansión de la COVID-19.
Los transeúntes que violen las medidas deberán pagar RD$1,000; los motociclistas RD$2,000; una persona que se desplace en un vehículo RD$5,000 y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión RD$2,000.
Un bar, restaurante o un centro o espacio de diversión, así como una fiesta privada que viole las medidas implicará una sanción de RD$100,000.
El propietario o responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con RD$50,000; el de un vehículo de carga RD$30,000 y el de una gallera RD$100,000.
Cuando el cúmulo de faltas exceda los RD$100,000, “en ningún caso el monto no precisado podrá ser inferior a RD$100,000”.
Desde que se estableció el toque de queda, a la Procuraduría General de la República ha ingresado un monto de RD$92,655,290.00 por sanciones impuestas a personas y negocios que violentan las disposiciones sanitarias.
De esos RD$92.7 millones, un total de RD$6.4 millones ingresaron en abril; RD$13.6 millones en mayo; RD$8.4 millones en junio; RD$1.9 millones en julio; RD$6.9 millones en agosto; RD$8.8 millones en septiembre; RD$11.8 millones en octubre; RD$13.5 millones en noviembre y RD$21.3 millones en diciembre.
La Procuraduría General de la República recordó que mantiene su respaldo permanente a las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia.
Recordó que seguirá cobrando las sanciones, pero, sobre todo, espera que los ciudadanos acaten los protocolos dispuestos para que República Dominicana pueda gestionar la pandemia, evitar muertes y disminuir las pérdidas económicas en medio de la situación sanitaria.
Denuncia ADOCCO
Mientras que la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), denunció la semana pasa la falta de transparencia en los más de RD$500 millones, recaudados por las autoridades, por concepto de la imposición de multas a quienes violan las disposiciones que restringen la circulación en horarios de toque de queda.
“Conforme a los reportes de las autoridades, de marzo a junio del 2020, fueron arrestados 92,159 personas, de septiembre a noviembre 46,703 ciudadanos fueron retenidos y multados, en julio y agosto, no se registraron apresamientos por el cese del toque de queda”, señaló ADOCCO.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad, dijo que no obstante a la falta de transparencia, las multas impuestas, debieron ser establecidas por un tribunal, no cobradas directamente por fiscales y policías, como está ocurriendo actualmente.
“Las violaciones a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, para prevenir la propagación de la covid-19, no conllevan arresto y mucho menos, multas de carácter administrativo por parte de Policía Nacional y el Ministerio Publico, como se viene produciendo desde que se declaró el estado de emergencia, por la presencia en el país de la pandemia”, precisó De la Rosa.
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