Santo Domingo.- Representantes del «Movimiento Reconocido» y organizaciones aliadas se concentraron este martes frente al Congreso Nacional en protesta para que se ponga fin "a la situación de apatridia y discriminación racista en el país" que, según ellos, afecta a cientos de miles de personas.
Esto a propósito de cumplirse nueve años de la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
Con pancartas, cantos y consignas alusivas a la causa, los demandantes remitieron una carta dirigida a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, a través del titular de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Juan Dionicio Rodríguez, en la que hacen una serie de exigencias para enfrentar, de acuerdo al colectivo, la dramática situación.
La comunicación presentada por el Movimiento Reconocido plantea que la Ley 169-14 validaba y consolidaba la desnacionalización de miles de personas a través de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que estableció en 2013 que sólo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.
Los manifestantes indicaron que la citada Ley establecía un camino para restituir los documentos y la nacionalidad de aquellos a quienes se les embargaron sus registros civiles.
"Sin embargo, una serie de trabas han sido establecidas para impedir que esto se concrete".
Agragaron que “con el nacimiento en estos nueve años de hijos e hijas de personas dominicanas de ascendencia haitiana sub registradas y sin documentos, se amplía el problema de la apatridia y éste abarca a una nueva generación”.
“El diseño y la implementación de la Ley han generado este resultado que afecta a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que hoy viven en la incertidumbre y sin acceso a sus derechos. Han sido innumerables los obstáculos generados para impedir el acceso a la restitución de la nacionalidad a las víctimas de esta política racista y discriminatoria, incluyendo la falta de información, falta de recursos, falta de transparencia y la inexistencia de mecanismos de reclamación y apelación de los casos. Llegando al extremo de que el actual gobierno se niega a ejecutar los propios decretos de naturalización, que benefician a unas ochocientas personas, una pequeña minoría de menos del 1% de las personas afectadas por la desnacionalización”, agrega la misiva enviada a los presidentes del órgano bicameral.
Destacan que “la falta de registro civil y de documentos de identidad representa una privación de derechos básicos, en todas las esferas de la vida, limitando el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el empleo formal, la protección social, el derecho a un patrimonio propio, entre otros, profundizando la vulnerabilidad y desigualdad social”.
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