Santo Domingo. - El Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión especial que coordinará los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia a y Tecnología (Mescyt).
De acuerdo con el decreto 580-24, firmado por el presidente Luis Abinader en fecha del siete de octubre, la comisión estará integrada por el ministro de Educación, Ángel Hernández o un representante; el titular del Mescyt, Franklin García Fermín o un representante; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund o un representante y el comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo.
Además de José Ramón Holguín Brito, en su calidad de presidente de la Asociación de Institutos Superiores (Asies); Wady R. Ramírez Mañón, presidente de la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU); José Alejando Aybar Martín, presidente de la Asociación de Universidades Privadas (Aupri); Rvdo. P. Sergio De la Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU); María Altagracia López Ferreiras, Radhamés Leónidas Mejía Tejeda, Miguel José de la Milagrosa Escala Figueredo y José Altagracia Hazim Torres.
La comisión deberá gestionar el proceso de transición para la fusión del Ministerio de Educación y el Mescyt, elaborar y ejecutar un plan de integración que incluya la consolidación de estructuras administrativas y de gestión, la armonización de políticas y programas, y la optimización de recursos; realizar un diagnóstico de la organización y programas del Mescyt para hacer las adecuaciones necesarias a la nueva naturaleza del ministerio fusionado que aquí se propone.
De la misma manera, pro mover una visión unificada y coherente de la educación que abarque desde la educación inicial hasta la educación superior y la investigación científica, en un marco de respeto a los principios y valores que deben guiar el desarrollo educativo nacional; coordinar con todas las partes interesadas, incluyendo instituciones educativas, asociaciones profesionales y organismos internacionales, para garantizar una transición sin contratiempos y la implementación de mejores prácticas.
Por igual, establecer mecanismos de comunicación transparentes y participativos para informar y comprometer a todos los actores del sistema educativo durante el proceso de unificación; proponer las modificaciones normativas que sean necesarias para una efectiva fusión, así como los cambios organizacionales y estructurales requeridos.
También, tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la continuidad y efectividad de los procesos administrados por ambos ministerios durante la transición y revisar y comentar el proyecto de ley de fusión de ambas instituciones antes de ser presentado al congreso nacional.
El decreto señala que esa transición y plan de integración debe de ser entregado en un plazo de seis meses después de emitido la disposición gubernamental.
No se aprobarán nuevas instituciones de educación superior
La disposición suspende, de manera temporal, del conocimiento y aprobación de nuevas instituciones de educación superior.
El decreto tendrá vigencia hasta la aprobación y promulgación de la ley que formalice la fusión de las instituciones involucradas.
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