Santo Domingo.- El abogado de la empresa Global Multibussines Corporation, recusó al procurador adjunto Víctor Robustiano Peña por considerar que fue asignado para investigar la querella interpuesta por prevaricación contra el juez presidente de la Tercera Sala de Tierras, de la Suprema Corte de Justicia Ramón Manuel Herrera Carbuccia, debido a que fue el mismo que conoció y concluyó en la audiencia del 17 de octubre del 2018 el recurso de casación parcial incoado por el Estado dominicano sobre el caso Bahía de las Águilas.
Rafael Helena Regalado alegó que en el conversatorio con el recusado, este no fue honesto, al ocultar su participación en dicho proceso, lo cual consideró lo descarta para ser el investigador de la querella, ya que solo se limitó a que leyeran varias veces el artículo 20 de la Ley sobre procedimiento de casación, y alegara que nunca había observado eso.
Denunció que el gobierno pretende ejecutar la sentencia No. 918, del 28 de diciembre del 2018, sin tener el carácter de ejecutoria las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, en razón a que en la legislación vigente no existe el tercer grado de jurisdicción.
Además señaló que las carencias jurídicas y de derecho contenidas en la vacía sentencia citada viola los artículos 15 de la Ley No. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, que establece que “solo las cámaras reunidas en pleno de la Suprema Corte de Justicia, pueden fallar un segundo recurso de casación sin envío, violaciones comprobadas y que el Ministerio Público se niega a investigar”.
Helena advirtió que “de persistir el Gobierno en la ilegalidad para obtener un título fraudulento a nombre del Estado Dominicano, ejecutando la Sentencia insulsa y carente de base legal, tal acto se constituiría en el atropello y desprecio más grave cometido por la justicia dominicana contra la Constitución y las leyes, nunca visto ni en los tiempos de la dictadura de Trujillo, quien por lo menos guardaba las apariencias legales”.
Aclaró que el empeño de fuerzar al registrador de títulos de la provincia Barahona para que vuelva a expedir el certificado de título No. 28, a nombre del Estado Dominicano, cancelado como consecuencia de los asentamientos del Instituto Agrario Dominicano (IAD), tal como pretende el gobierno y consta en la sentencia, es una actuación dictatorial, por lo que le recomendó tener prudencia para que ese desafuero no traiga consecuencias graves en el futuro.
El profesional del derecho apuntó, “que con afán el gobierno desea exhibir un título fraudulento el próximo 27 de Febrero en el discurso de rendición de cuentas, para dar la falsa y aparente situación de que el gobierno del presidente Danilo Medina recuperó las tierras de Bahía de las Águilas, cuando es una burda mentira, continuando los gobernantes de manera desesperada cometiendo toda clase de tropelías y desmanes, como es la negación de investigar una querella contundente, seria y probada, todo con el fracasado propósito de ejecutar la sentencia inejecutable dictada por la Suprema Corte de Justicia y obtener por medio de la arbitrariedad y abuso, un título ilegítimo fruto de los desafueros sustentados en el poder”.
Cargando ...