Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) denunció este miércoles que el contrato de Fideicomiso Pro-Pedernales, aprobado por el Congreso Nacional el pasado mes de abril, se entregó, como aporte inicial, además de tres mil millones de pesos, también 362 millones de metros cuadrado de terrenos pertenecientes al área protegida del Parque Nacional Jaragua.
El jurista Trajano Vidal Potentini, presidente de la entidad cívica, recordó que en un proceso sostenido de protección al medio ambiente el expresidente Joaquín Balaguer, expropió por causa de utilidad pública varios terrenos, más otras propiedades del estado dominicano para por decreto ir conformando lo que sería el sistema de áreas protegidas en la República Dominicana.
Indicó que todo ello estuvo refrendado por el gobierno de Hipólito Mejía, mediante la aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (Ley 202-04) del 30 de julio del 2004.
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“La referida ley que instituye un sistema de áreas protegidas en el país, en su Título V Capítulo 1, Artículo 37, delimita y categoriza en su numeral 22, bajo la denominación de Parque Nacional Jaragua, con una extensión total de aproximadamente unos 1,543 de la región Suroeste (Pedernales, Bahoruco, Barahona e Independencia), incluyendo las áreas marinas insulares, estuarianas, lacustre y terrestres”, explicó Potentini.
El presidente de Justicia y Transparencia precisó que el Fideicomiso Pro-Pedernales, instituido en principio mediante Decreto 724-20, de diciembre del año 2020 y ratificado en 2022 por el Congreso, se fundamenta en la Ley 266-04 del 12 de agosto, la cual declara y establece como demarcación turística prioritaria el llamado Polo o Área Turística de la Región Suroeste en las provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.
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“Cuya ley en su artículo primero y sus párrafos de manera clara y precisa, excluye y ratifica específicamente como área protegida la parcela 215-A, dada errónea e inconstitucionalmente en aporte en el contrato del fideicomiso, de acuerdo con lo que establece el contrato en la Cláusula Quinta, Numeral 5.1.8, Párrafo II.
La FJT pidió la urgente corrección del contrato, atendiendo a que el mismo viola la Constitución, atribuyéndole funciones extraordinarias a la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), como órgano hegemónico vía la denominada Unidad de Gerencia Técnica y Dirección Ejecutiva, que como órganos del fideicomiso manejan toda la actividad administrativa y operativa, incluso pudiendo asumir bajo el alegato de urgencia, las funciones del comité administrativo cómo unidad jerárquica de todo el fideicomiso.
También llamó a preocupación la figura del desarrollador, el acreedor garantizado y el fideicomitente adherente, además los denominados fideicomisos vinculados de naturaleza estrictamente privados, “que podrían desprenderse el fideicomiso base, la capacidad de endeudamiento y de compra y ventas, el secreto fiduciario, su propio sistema de compras y contrataciones, todo ello al margen de las leyes de transparencias, la duración renovable por 20 años e irrevocable, la capacidad a voluntad propia o de los órganos administrativos, con causa o sin ella de eliminar la fiduciaria banreservas, cambiándola por otra privada, entre otras tantas incongruencias y violaciones”.
Igualmente llamó a la Dirección de las Alianzas Pública Privadas para que procuren los correctivos que necesita el contrato de fideicomisa para su legalidad, al mismo tiempo para que desistan de varias licitaciones que están llevando cabo en el presente con base en los terrenos de áreas protegidas.
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