Se pretenden corregir unos diecinueve artículos antes de que entre en vigencia el nuevo Código Penal en la República Dominicana.
Se ha dicho que la pieza introducida ha sido consensuada con abogados, académicos y comunicadores, aunque no se muestran identidades.
Por tanto, no conocemos quienes han sido esos especialistas que ofrecieron sus aportes para corregir los entuertos introducidos en esta legislación que vulnera tantos aspectos de la libertad y la seguridad del ejercicio periodístico, profesional y empresarial en el país.
Pretender corregir sus propios entuertos sin escuchar y atender las advertencias que se han hecho desde distintos sectores nacionales es una mala manera de subsanar sus errores.
Creemos que las reacciones sociales pueden ser aleccionadoras como para no ignorarlas.
El costo puede ser peor, cuando estamos frente a una situación que amerita generar consenso.
Hay una resistencia incomprensible para no hacer las cosas de forma correcta.
Se conocen los cuestionamientos al nuevo Código Penal, pero se desconocen las propuestas para sus correcciones y con quiénes se han construido.
Así, sólo se pierde.



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