Santo Domingo, República Dominicana • Viernes 12 de Abril, 2024
jueves 9 marzo, 2023

CARD impugnará “privatización irregular” revista vehicular

Los empresarios del transporte público también han manifestado su rechazo a esta iniciativa por entender que la misma solo pretende ganancias económicas para un grupo.

Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana advirtió este jueves que impugnará la privatización irregular del sistema de revista anual para vehículos de motor que pretende hacer el Gobierno.

De acuerdo con el presidente del colegio, Iván Surum Hernández, de aprobarse esta iniciativa se instauraría la obligatoriedad del pago de tarifas que rondarían desde 600 hasta 15 mil pesos dependiendo el tipo y modelo de vehículo.

Afirmó que esto constituiría un gravísimo atentado no solo contra la clase media, sino además a las clases populares como los motoconchos que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.

"Lo grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría una carga inaguantable para la población dominicana todo para beneficiar empresarios allegados a funcionarios gubernamentales y que tienen planificado acumular grandes sumas de dinero a costillas del pueblo", señaló Iván Surun Hernández .

Lamentó que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y el Consejo Nacional de Alianza Pública Privada, no solamente emprendan un proceso irregular contra los intereses de la población dominicana, sino que trate de confundir a la ciudadanía ocultando los reales costos que tendrían que pagar por la privatización de dicho servicio.

Aseguró que este gremio enfrentará esta situación en todos los escenarios que sean necesarios para impedir que se agrave aún más la situación económica de la clase media y popular del país.

Los empresarios del transporte público también han manifestado su rechazo a esta iniciativa por entender que la misma solo pretende ganancias económicas para un grupo.