Santo Domingo.- El abogado Valentín Medrano afirmó este jueves que no se puede tener ni prueba ni imputado antes de que se cometa el hecho y que en el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez él está preso a pesar de que no existe la auditoría que demuestre que hubo sobrevaluación.
Medrano cuestionó que si no existe dicha auditoría cómo es posible que el exprocurador esté detenido, ya que no se tiene ese elemento consustancial a la posibilidad de retención de responsabilidad penal, que es prioritario y precedente a cualquier tipo de actividad procesal penal.
El experto en derecho penal explicó que no se puede someter a una persona pensando o suponiendo que va a cometer un delito mañana, tras precisar que lo que activa la acción penal es la ocurrencia de tipo penal. “Cómo pueden sospechar de sobrevaluación si no hay ningún elemento probatorio como punto de partida”, manifestó.
Consideró que el caso de Rodríguez es uno de los más deleznables que pueden ocurrir en un país con democracia y que tiene un sistema, desde el punto de vista procesal penal, que se presume encarna todas las garantías penales sustantivas, es decir, que trae de la Constitución de la República la obligación de humanización de un proceso para sindicar y vincular dentro del alcance punitivo al autor y a los cómplices del hecho punible.
“Todos somos iguales ante la ley y la justicia de acuerdo con el Artículo 39 de la Constitución. Los Artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal establecen la igualdad de todos ante la ley y la igualdad de armas en el proceso. El exprocurador general de la República llena a cabalidad todas las exigencias del Artículo 129 del Código Procesal Penal, tiene arraigo familiar, personal y laboral”, expresó.
Al ser entrevistado en el programa “Toque Final”, que se transmite por Antena 7, el abogado indicó que desde el punto de vista social Rodríguez no puede ser considerado en peligro de fuga en lo más mínimo porque el sólo hecho de presentarse ante el Ministerio Público cuando lo estaban buscando, desde el punto de vista estrictamente legal de las exigencias del Código Procesal Penal, bastaba para reconocer que no es una persona en peligro de fuga.
Consideró, además, que el sistema ha convertido a la libertad en el país no en un derecho constitucional y humano, sino en un privilegio.
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