Lima.- Un juez ordenó que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúa detenido, rechazando su apelación. La fiscalía pidió horas más tarde que permanecerán 18 meses en prisión mientras lo investiga por rebelión y conspiración.
La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos del país, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte , y que se programen de elecciones generales inmediatas para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.
El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue “un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de cambios del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos”, subrayó el juez.
Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido “injusta y arbitrariamente”, y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.
El juez dijo que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de revocación.
La fiscalía también empleó ese argumento para solicitar la prisión preventiva, según su oficina de prensa poco antes de la medianoche del martes.
La fiscalía también solicitó otros 18 meses de prisión preventiva para el ex primer ministro Aníbal Torres, que está en la clandestinidad.
Un juez debe convocar una audiencia en un plazo de 48 horas para escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa y determinar si se aplica la prisión preventiva.
“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protesta a causa de su detención, instó a la policía nacional ya las fuerzas armadas a que “depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital Lima. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo el martes a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles.
La oficina dijo en un que eliminó a una persona de la lista después de que la agencia nacional de registro civil determinara que dicha persona “no existe”.
Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo, un neófito político y exprofesor de raíces campesinas. Cuatro de los fallecimientos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44.000 votos.
Muchos negocios de esa comunidad permanecieron cerrados el martes, luego de que se bloqueó el tránsito en las calles con neumáticos quemados, rocas y ramas de árboles. Unas 3.000 personas, incluidos profesores y campesinos de localidades cercanas, volvieron a marchar para exigir la renuncia de Boluarte.
Un grupo más reducido acompañó el féretro de un manifestante que falleció el lunes por una aparente herida de bala.
Vilma Zúñiga, propietaria de una tienda de zapatos, colocó un letrero en el que criticó al Congreso y exigió la salida de Boluarte. Ella y otros comerciantes deciden cerrar sus establecimientos, dejando ir posibles ventas de cara a la temporada navideña.
El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que el mandatario no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión.
También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca pidió asilo a México, tal como lo constituyó el embajador mexicano.
Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada rápidamente el miércoles de la semana pasada luego de que el Congreso destituyó a Castillo por “incapacidad moral permanente”.
El lunes, Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024. Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los tres años y medio restante del mandato de Castillo.
En las calles de Lima, los agentes de la policía han arrojado gases lacrimógenos y golpeado en repetidas ocasiones a los manifestantes. Fuera de la capital, los inconformes quemaron comisarías de la policía, tomaron el control de una pista de aterrizaje utilizado por las fuerzas armadas e invadieron la pista del aeropuerto internacional de Arequipa, que es la puerta de entrada a algunas de las atracciones turísticas del país.
La compañía que opera el tren de pasajeros que lleva a los visitantes a las famosas ruinas arqueológicas de Machu Picchu suspendió el servicio el martes. En tanto, camiones de carga quedan detenidos sobre la carretera Panamericana.
El ministro de Defensa, Luis Otarola Peñarando, dijo que se declararía una emergencia en el sistema nacional de carreteras para garantizar el libre tránsito de todos los peruanos. Añadió que las fuerzas armadas también asumirán las tareas de seguridad en aeropuertos, plantas hidroeléctricas y demás infraestructura vital.
Otarola dijo que las labores de inteligencia del gobierno han llegado a la conclusión de que los responsables de los disturbios en todo el país son menos de 8.000 personas.
La policía nacional reportó que 130 agentes han resultado heridos en enfrentamientos con los manifestantes, de acuerdo con medios de comunicación estatales.
Boluarte pidió el martes calma a los manifestantes, explicando que ella no había buscado la presidencia.
“Quiero hacer un llamado a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas. Calma, calma por favor”, dijo. “No entiendo por qué mis hermanos... se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho nada para que esa situación existe o se dé”.
La presidenta habló afuera de un hospital donde una niña recibe atención médica por una lesión en el ojo causado por un perdigón disparado durante las protestas. Boluarte dijo que ha girado a la policía nacional para que no utilicen ningún arma letal, ni siquiera balas de goma, y dijo que las autoridades están trabajando para determinar quién fue el responsable para procesarlo.
Los problemas de Boluarte se extienden más allá de las fronteras de Perú. Los gobiernos de la región también se han negado a otorgarle su reconocimiento como presidenta.
Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas el lunes a favor de Castillo. Mediante un comunicado conjunto, expresaron su preocupación en torno a su destitución y detención.
Aseguraron que aún lo consideraron como el mandatario legítimo de Perú y pidieron respeto a sus derechos humanos y que se le garantizó la protección jurídica.
El primer ministro de Perú, Pedro Angulo, rechazó en un comunicado la postura de los cuatro países, la cual atribuyó al desconocimiento de la realidad.
El periodista de The Associated Press Franklin Briceño contribuyó con este despacho desde Andahuaylas, Perú. David Pereda Z. contribuyó desde Lima, Perú.
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