Madrid, España.- Las grabaciones de las conversaciones que mantuvo Corinna Larsen con el excomisario José Villarejo, descubiertas en los registros de la operación Tándem en 2017, han sido el detonante de las investigaciones que han puesto en jaque al rey Juan Carlos, hasta el punto de haberle llevado a abandonar España mientras se decide si puede ser imputado.
Por esas grabaciones, Corinna ha sido llamada a declarar como imputada por primera vez en España el próximo 8 de septiembre (aunque la comparecencia será por videoconferencia desde Londres, donde reside).
El análisis de nuevos audios ha llevado al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, a llamarla a declarar por un asunto que en principio poco tiene que ver con el rey emérito, eso sí "sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones".
Según el auto de citación, con su interrogatorio el juez trata en concreto de esclarecer si Larsen le encargó al excomisario que investigara a una asistente personal española que estaba con ella y que creía que la estaba espiando.
Al conocerse su imputación, Corinna negó en un comunicado haber contratado o discutido la contratación del excomisario y haberle pagado "cantidad alguna", de modo que considera "carentes de fundamento alguno" las consideraciones del juez .
Para citarla como investigada, el juez Manuel García Castellón, ha reabierto la que desde el principio se convirtió en la caja de Pandora del rey Juan Carlos, la pieza 5 del caso Tándem, bautizada como Carol.
En esta pieza, que fue archivada el 7 de septiembre de 2018, se investigaron las conversaciones de Corinna con Villarejo en su vivienda en Londres, fechadas en 2014 o 2015, en las que hablaba de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al rey, de cuentas que éste tenía en Suiza y de comisiones que don Juan Carlos supuestamente percibió por el contrato del AVE en Arabia Saudí adjudicado en 2011 a empresas españolas.
El juez, a petición de la Fiscalía, la cerró al concluir que en ese momento solo se contaba con el relato de Corinna y que en los documentos analizados no existía ningún dato que justificara esas manifestaciones, que además se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que era entonces era inviolable.
Pese al archivo, el juzgado acordó no obstante remitir a la Fiscalía la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y, meses después, Anticorrupción abrió diligencias de investigación, en cuyo marco interrogó el pasado 12 de septiembre a Corinna en la sede del Serious Fraud Office (SFO) en Londres, donde reside la empresaria alemana.
Durante su declaración ante el fiscal español, Corinna aseguró no haber tenido "ninguna participación en el acuerdo del AVE" y que la información de la que disponía era "lo que terceros le dijeron".
En paralelo, la Fiscalía de Ginebra investigaba a los presuntos testaferros del rey emérito en Suiza, Arturo Fasana y Dante Canonica (a los que hacía referencia Corinna en sus audios).
De este modo se descubría una cuenta a nombre de una fundación panameña llamada Lucum, en la que el rey emérito habría recibido una donación de 65 millones de euros del rey de Arabia Saudí que después transfirió a una cuenta de Larsen tras el famoso accidente mientas cazaba en Botswana.
Por estos hechos también fue interrogada Corinna, en este caso por el fiscal suizo Yves Bertossa, al que aseguró que ese dinero fue una donación que le hizo el rey emérito a modo de regalo de agradecimiento.
Ahora, tanto esta declaración como la que prestaron Canonica y Fasana ante la Fiscalía suiza, han sido remitidas a la española después de que Anticorrupción decidiera dejar las pesquisas en manos del Tribunal Supremo, al comprobar que podría estar implicado el rey emérito, que es aforado.
Una vez incorporada toda esa documentación ya traducida, la Fiscalía determinará si esta conducta puede resultar penalmente reprochable, y si, teniendo en cuenta su inviolabilidad como rey hasta su abdicación en 2014, cabe reclamar al Tribunal Supremo la apertura de una investigación.
Entretanto, particulares como la entidad Ómnium Cultural, cuyo presidente Jordi Cuixart fue condenado por sedición por el procés, se ha querellado contra Juan Carlos I en el Supremo por sus cuentas en Suiza y han llegado incluso a pedir que se decrete orden de busca y captura contra él tras haber abandonado España sin que se conozca su destino.
En una resolución de este miércoles, el Supremo ha dejado claro que no le compete la adopción de medida cautelar alguna contra Juan Carlos I al no estar por el momento imputado por ningún delito.
Mientras la Fiscalía decide si hay caso, la larga sombra de Corinna permanecerá en los tribunales españoles más allá de su comparecencia del 8 de septiembre.
Díez días después, el 18, ha sido también llamada a declarar como testigo -con lo que estará obligada a decir verdad- en el juicio al excomisario José Manuel Villarejo por calumnias y denuncia falsa al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sánz Roldán durante una entrevista en el programa "Salvados".
Declarará como testigo de Villarejo, que precisamente reclamó al juez García Castellón que le facilitara los audios de Larsen para aportarlos como prueba de descargo en ese juicio.
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