Ley 46-20 amerita más debate

Diversos sectores de la sociedad están preocupados al saberse que el Poder Ejecutivo promulgó, de acuerdo al rigor que le confiere la Constitución, la Ley 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial.

La decisión del jefe de Estado fue dada a conocer el pasado 19 de febrero, justo en momentos en que el país vive un trance negativo en los órdenes democrático e institucional.

Sin embargo, la promulgación de esta ley como acto formal y solemne de seguro dará mucho de qué hablar ante amplios sectores por las posibles brechas dañinas que abriría a “personajes oscuros” de la sociedad y en franca contradicción con su espíritu.

No quiere decir esto que intentemos poner en duda la intención primaria del legislador y, mucho menos la del Ejecutivo. Por el contrario, creemos que ambas están revestidas de las mejores intenciones al proporcionarnos este instrumento legal.

Entendemos que de lo que se trata es de una inobservancia de ambos poderes del Estado.

Incluso, en la reciente pieza legislativa percibimos hasta un exceso de confianza por parte del Estado para que el contribuyente voluntariamente, otorgándole un régimen especial, transparente sus bienes ante la Dirección de Impuestos Internos y proporcionarle la oportunidad de que puedan revalorizarlos conforme al precio del mercado.

No obstante, la lectura de expertos a la Ley 46-20 debe ser tomada en cuenta, especialmente en sus Artículos 1 y 4, de los que dicen abre puertas para que en el país se legalicen fortunas mal habidas, quizás algunas hasta provenientes del sacrificio del pueblo dominicano.

La realidad es que esta ley, en algunos puntos, resulta aérea.

La preocupación es mayor quizás porque, sin darnos cuenta, estaríamos legalizamos riquezas conformadas por bienes impureos del narcotráfico, el contrabando, el raterismo perfumado o la propia corrupción estatal, delitos que mañana no podremos juzgar.

Ojo con esta ley. Rectificar y reevaluar, aunque ya fue promulgada, se hace necesario por la ambigüedad de la misma.