Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD) calificó el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia como una estocada a la independencia de ese poder del Estado.
En ese sentido, el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, denunció que con esa propuesta se busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catastrales, INACIF, cárceles, notarios y abogados.
El jurista alertó, además, de que la propuesta de creación del Ministerio de Justicia propiciaría la legitimación de contratos, cuotas y litis por el orden de los 50 mil millones otorgados de grado a grado en favor de abogados relacionados a funcionarios palaciegos, sin límite o fiscalización de profesionales del derecho en perjuicio del Estado Dominicano.
“Con esta iniciativa se pretende aniquilar la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría, con la creación de un aparato burocrático sombra del Poder Ejecutivo, con intervención directa en la administración de justicia” afirmó el gremialista.
De igual forma, sostuvo que ese control incluiría, además, la entrega del INACIF, cárceles y fiscalías titulares en todo el país al presidente de turno.
Surun Hernández indicó que de crearse como está concebido, el Ministerio de Justicia pondría en grave riesgo la seguridad jurídica inmobiliaria de República Dominicana, al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de políticos al frente del Registro de Títulos de Propiedad Inmobiliaria y de la Dirección de Mensuras Catastrales.
“De crearse este Ministerio de Justicia como está planteado destruiría la fiabilidad de los Títulos de Propiedad, de los deslindes y de las certificaciones de cargas y gravámenes, cuya expedición dependerá de un político, que perfectamente podría emular la fatídica experiencia de pasaportes”, dijo el presidente del CARD.
El gremialista consideró que no se puede permitir que en el país se agote el papel de seguridad de los Títulos de Propiedad, por emitirlos sin control en función de simpatía política, lo cual sería fatal para el clima de inversión en el país.
Precisó que una situación similar podría ocurrir en el INACIF, donde el director será un político nombrado por el presidente de la República, pese a ser la persona encargada de determinar cuándo una sustancia ocupada es o no es droga, la legitimidad de un documento, si la causa de muerte de una persona es homicidio y si hay lesiones y su gravedad.
El presidente del Colegio de Abogados puso en duda que un político pueda emitir dictámenes en un sentido o en otro, dependiendo de su interés partidario o económico, contrario a lo que sucede en la actualidad donde el director de INACIF es nombrado por el Consejo del Ministerio Público.
Surun Hernández manifestó que el sistema carcelario también estaría en manos de un político nombrado por el presidente de la República, que tendría a su cargo el negocio de las certificaciones de buena conducta y de las comidas a los presos, pese a la fatídica experiencia en el desayuno escolar.
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