Santo Domingo.- Al conmemorarse este sábado el Día del Migrante, los centros para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) Y de Desarrollo Sostenible (CEDESO), manifestaron que las recientes medidas restrictivas tomadas por el Estado dominicano constituyen un giro desalentador en materia de políticas de gestión de las migraciones.
Agregaron que dichas medidas exponen a personas en movilidad a vivir desprotegidos por tanto a caer en redes de explotación, tráfico ilícito y posible trata humana.
En un comunicado CEDESO Y OBMICA llamaron inaplazable a respetar derechos, cumplir el debido proceso y las leyes que regulan las migraciones, para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas en movilidad y sus familiares, lo que tendría un impacto positivo en la vida de más de dos millones de dominicanos residentes en el exterior y de los miles de extranjeros que buscan una vida mejor en el país.
Los defensores de los derechos humanos indicaron que trabajan en el proyecto Trato Digno que promueve el respeto de los derechos de los migrantes y el debido proceso para evitar eventos como los ocurridos recientemente en México y otros hechos lamentables.
“Que varias familias dominicanas hoy lloran la pérdida de jóvenes víctimas de traficantes en México, que un agente de migración busque a una mujer en el baño de hospital, que una mujer en labor de parto sea montada en una guagua de migración con la intención de deportarla desafía nuestra humanidad y nos hace un llamado inaplazable a hablar de personas en movilidad y los derechos que se mueven donde quiera que vaya la gente”, enfatizan CEDESO y OBMICA.
En el documento, las organizaciones lamentaron además el retroceso en materia de derechos humanos y gobernanza de las migraciones que ha tenido lugar en los últimos meses.
“Ni en las más negativas de las proyecciones se vislumbró un escenario de persecución y deportación masiva a mujeres migrantes embarazadas o la orden administrativa que niega el acceso a servicios de salud en el sistema público por estatus migratorio o situación documental, limitando la atención a casos de emergencia, con lo que se viola la Constitución y acuerdos vinculantes al país”, expusieron.
Afirmaron que el cierre del paso al sistema de salud pública a partir de la situación migratoria o documental resulta contraproducente en un contexto de pandemia, cuando el Estado no provee medios efectivos para que las personas migrantes mantenga su estatus regular. Durante un año, más de 200 mil extranjeros que aplicaron al PNRE y les fue adjudicada una categoría migratoria, no tuvieron la oportunidad de renovar los documentos que acreditan su estatus.
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