Santo Domingo.- La Federación Nacional de Trabadores Administrativos y de Salud del disuelto Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), denunció cancelaciones masivas de empleados de esa institución y pidió este martes al presidente Luis Abinader parar esa disposición.
Delci Sosa, secretaria general de la entidad, dijo que las separaciones de los empleados es un acto abusivo que debe ser repudiado, por lo que demandó la reubicación de los mismos.
Informó, que pese a la resolución emanada del 19 de septiembre del 2019, del consejo directivo de la institución, cita que todos los empleados con veinte años o más de servicio en la institución iban a ser beneficiados con una pensión especial en base al 100 por ciento de su salario devengado, muchos lo único que han recibido es su cancelación.
Sosa solicitó reunirse con Luis Miguel De Camps García, ministro de Trabajo y el director de los Servicios Nacionales de Salud (SNS), Mario Lama; así como el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza Nouel, a fin de buscarle solución a estos Servidores Públicos.
“Como representante de los empleados de la institución que sirvió al pueblo en materia de salud por más de 78 años, condeno la actitud que han tomado las presentes autoridades en detrimento de los empleados, que tienen hasta 33 años de servicio ininterrumpido en la institución” informó.
Sosa sostuvo que este derecho le asiste en virtud de la Ley 379-19, que crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y disuelve el IDSS, la cual aprobó la reubicación del personal, y sus distintas dependencias que se encontraran desempeñando sus funciones de acuerdo con lo dispuestos en la ley 41-08 del 16 del 2008 de Función Pública.
Ratificó que todo lo que está ocurriendo con estos trabajadores es una violación a los derechos adquiridos.
“Muchos envejecientes ya enfermos, que padecen de diabetes, cardiópatas y otras enfermedades, también, madres solteras, que han criado sus hijos con el sustento de su salario devengado en la institución por largos años, sin techo propio y que su única entrada era su trabajo y que el Gobierno anterior decidió cerrar su institución sin tomar en cuenta las consecuencias”, expresó Sosa.
Sostuvo que los servidores traslados a distintas instituciones como la CDEEE, Dirección de Migra¬ción, CEIRD, INDOTEl, Tesorería Na¬cional, Superintendencia de Electricidad, unos no fueron recibidos y otros ya han sido cancelados en masas.
Habló en rueda de prensa ofrecida junto al Gabriel Del Rio Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), quien se solidarizó con la causa y dio apoyo a nombre la entidad.
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