Patria Para Todos culpa al gobierno de suspensión servicios a las ARS

Santo Domingo.- Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria Para Todos (MPT), responsabilizó este lunes al gobierno de la suspensión de servicios de parte de profesionales de la salud y clínicas a los afiliados al seguro familiar de salud.

“El conflicto entre ARS y prestadores privados se mantiene desde hace varios años y las autoridades del gobierno y de la seguridad social mantienen el apoyo a las intermediarias privadas en detrimento de asegurados y prestadores”, dijo.

Severino explicó que desde el 2007, cuando se inició el seguro familiar de salud, estas intermediarias reciben jugosas ganancias por la gestión del seguro, al aumentársele el per cápita y ellas no reajustan las tarifas y niegan permanentemente la cobertura de muchas prestaciones a los afiliados.

Precisó que en el 2007 el per cápita aprobado fue de 483 pesos y hoy es de RD$1013 y, sin embargo, estas intermediarias mantienen las mismas tarifas, y esto se ha producido con la complicidad del Consejo Nacional de Seguridad Social dirigido por dos ministerios del gobierno y la Superintendencia de Salud.

“La negación de prestaciones a la población es permanente, se utilizan argumentos hasta de nombres diferentes en las indicaciones médicas y el del catálogo de prestaciones”, añadió.

La huelga, junto a los hospitales públicos cerrados muchos desde el 2014, la negación de medicamentos a la mayoría de la población y la falta de aseguramiento a más de cuatro millones de personas, es la causante de los altos niveles de mortalidad de nuestra población y el no aumento de la expectativa de vida en proporción al crecimiento económico que resalta el gobierno.

“Esta huelga empeorará los indicadores de salud del país. Las muertes por enfermedades seguirán aumentando y la expectativa de vida de la población dominicana sin aumentar”, cita Severino.

El gobierno es constitucionalmente el responsable de garantizar la atención en salud a la población y que el abandono de hospitales y su actitud de cómplice con las ARS, constituyen violaciones de los derechos de los dominicanos a acceder a servicios de salud de calidad.