Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, leyó este martes el documento con la decisión oficial del gobierno dominicano en cuanto a su postura frente a la firma del pacto migratorio con las declaraciones del presidente Danilo Medina donde rechazó rotundamente firmar dicho tratado porque atenta contra la soberanía del Estado dominicano en cuanto a las leyes migratorias.
Espinal, dijo, refiriendo al pacto y a su función es que “la idea que motivó esa iniciativa fue el interés de buscar una cooperación internacional amplia entre los estados miembros para enfrentar un grave problema que impacta y sigue impactando a múltiples países sin que ninguno pudiese de manera aislada dar respuestas eficaces a este complejo fenómeno, la declaración de Nueva York definió un plan de acción con miras a crear los procesos de consulta y negociación entre los estados miembros para arribar a la adopción del pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular”.
“El gobierno dominicano tiene también que responder al sentir nacional, la adopción de un pacto de esta naturaleza por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias, por estas razones el presidente Medina a impartido las instrucciones para que el gobierno no firme ni adopte el pacto mundial para la migración, así mismo el mandatario ha dispuesto que el gobierno no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marruecos”, señaló el funcionario.
Espinal adujo que la decisión del mandatario se tomó en base a las necesidades del país y que aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando de su adopción, generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exigen, igualmente pondrían cargar al Estado que dado el contexto particular de la isla desbordaría con creces nuestros recursos, así mismo crearía compromisos internacionales que le impedirían o limitarían al país para dar respuestas a situaciones que se presentarían en la frontera como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos sociales que se viven en Haití.