Coerción: caso Senasa es aplazado para el jueves por Juzgado de Atención Permanente; MP afirma es operación "más grave de corrupción"
Santo Domingo. - El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este martes el conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra Santiago Hazim y otros nueve acusados de sustraer patrimonio del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La audiencia fue movida para conocerse el jueves 11 de noviembre a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
LEA: Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva a imputados caso SENASA
El Ministerio Público los acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Conforme al expediente de solicitud de medida de coerción que sobrepasa las 500 páginas, el entramado sustrajo más de RD$ 15, 921,369,659.62 hasta el cierre de 2024.
LEA: Procuraduría acusa a Santiago Hazim de crear un sistema de corrupción sistemático en SENASA
Según el documento de solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el caso Senasa, Santiago Hazim Albainy incluía en el presunto entramado a sus "asistentes más cercanas", identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en se presentaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.
El Ministerio Público también aseveró que este grupo trabajaba de manera "articulada" para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director del Senasa bajo argumentos como "aportó en la camраñа" о "hay que ayudarlo".
LEA: Presidente Abinader ordenó SENASA se constituya en actor civil en caso de corrupción
El rol de miembros del comité
Los fiscales indicaron en el expediente que Germán Robles, en su rol de consultor jurídico, ejercía un "poder determinante", afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores "agraciados" y gestionando de manera directa contratos fuera del procedimiento regular.
De manera similar está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. El rol de esta persona era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su trabajo consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada.
Por igual, es mencionada la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy.
MP: operación "más grave de corrupción"
Mientras, el Ministerio Público afirmó que el caso es el más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción.
“La operación Cobra, es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”, dijo Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Tras ser aplazada la solicitud de medida de coerción en contra del exdirector de Senasa, Santiago Hazim y otros nueve imputados, la magistrada calificó el caso como un “atentado directo a un derecho fundamental de las personas”.
“Aquí estamos hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud; y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado, de los que tienen que acudir a los hospitales para que les digan que no hay camas o medicamentos”, apuntó la magistrada.
Ortiz indicó que el órgano acusador cuenta con un legajo de pruebas testimoniales y documentales, que al conocerse la medida de coerción, probarán cada una de las imputaciones realizadas y las tipificaciones penales.
Asimismo, destacó que el fraude cometido en Senasa se estima que es de unos 15 mil millones de pesos, con más de dos mil millones de pesos pagados por sobornos a las máximas autoridades de la institución.
Destacó que hubo empresarios y personas jurídicas que fueron utilizados para el lavado de dinero y pago de sobornos.