Santo Domingo.- Ante las denuncias divulgadas en la prensa sobre supuestos abusos y maltratos a menores bajo su custodia en los hogares de paso, el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia (Conani) emitió un comunicado en el que admite las debilidades que tiene el Sistema de Protección que administra.
El organismo aseguró que toda denuncia comprobada ha sido puesta en manos del Ministerio Público. Aun así indicó que, por un principio de confidencialidad establecido en la Ley 136-03 en su artículo 231, no puede revelar los datos relativos a hechos cometidos por menores.
“La persona adolescente tiene derecho a que su intimidad y la de su familia sean respetadas”, expresó.
Señaló que actualmente hay una sobrepoblación de menores en los 10 hogares de paso, quienes son remitidos por el Ministerio Público y los tribunales del país tras establecer que se encuentran en una situación de riesgo personal, familiar o social.
En el caso particular del hogar de paso de Jarabacoa, donde el programa Nuria, investigación periodística denunció una serie de maltratos y abusos, incluso sexual, Conani indicó que, para tener un mejor manejo de los perfiles complejos, en enero de este año trasladó a 17 menores a Aldeas Infantiles, tras un acuerdo con esta entidad sin fines de lucro.
Indicó que tiene programado reubicar a otros 46 menores, con el propósito de descongestionar el cuestionado hogar temporal.
Indicó que los perfiles de los menores atendidos en hogares de paso son: situación de abandono, personas en conflicto penal, víctimas de todo tipo de abuso, explotación sexual comercial, trabajo infantil, trata y tráfico, entre otros.
Señaló que todos estos perfiles presentan traumas psicológicos por cada situación particular y que en el hogar de paso de Jarabacoa se traducen en: conducta negativa desafiante, trastorno disocial, trastorno límite de la personalidad, depresión, autolesiones, trastornos psicopáticos, adicciones y síndrome de abstinencia.
Empleada suspendida
Conani aclaró que sus colaboradores tienen prohibido revelar asuntos relacionados con su trabajo y/o informaciones confidenciales de la institución aun después de haber cesado en el cargo, en virtud de la Ley 41-08 de Función Pública.
Con esto responde el motivo de la suspensión por 60 días de la servidora Lucifabery Morel, quien denunció en el referido programa situaciones de abusos y maltratos en al menos tres hogares de paso en los que trabajó.