Pepca busca más pruebas en caso Medusa, entrevista 40 testigos

Santo Domingo.- Para detallar las acusaciones con más de 12 mil páginas, el Ministerio Público se basó de documentos y más de 40 testigos que fueron interrogados y entregaron aparatos electrónicos, chequeras y memorias de almacenamiento para recopilar pruebas contra los acusados en el caso Medusa.

Estos son los testigos que menciona la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca) en su escrito de acusación:

Pablo Roberto Yarull
Con sus testimonios probaron la relación de este con el testigo e ingeniero civil Antón Casasnovas. Además, este fue beneficiado con la adjudicación de una obra del plan de humanización por intermediación de Antón Casasnovas para lo cual pagó un beneficio.

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También que realizó pago de sobornos por un monto del 20% del valor de la obra a Jean Alain Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Rafael Mercedes y Jenny Marte. Que la solicitud del 20% del valor de la obra como pago de soborno fue realizada por Jonathan Rodríguez y Jenny Marte y que aceptó pagar el soborno y le informaron de manera previa en los lotes por los cuales debía inscribirse indicándole hacerlo en los lotes 2 y 3.

Giordano Pierotti, analista financiero de la Dirección Administrativa y Financiera entregó una memoria USB para que forme parte de la investigación, sea analizado, se le realice cualquier peritaje y experticia de lugar.

Rainieri Medina Sánchez, quien era la Encargada de Almacén de la Procuraduría General de la República, afirmó al Ministerio Público que la empresa Soluciones Integradas Manzur Báez, cobró aproximadamente cincuenta millones de pesos dominicanos “sin hacer nada”, y que a ella le hacían repetir la solicitud de pago como cuatro o cinco veces porque ellos, siempre querían algo diferente, dice el expediente.

Alex Rojas, propietario de la empresa Complementos ER, S.R.L, aceptó hacer una factura con la empresa Complementos ER, S.R.L, a la empresa Mac Construcciones por un valor 6,474,963.53 de pesos el 14 de julio del 2020.
Pedro Pablo Santos, en diciembre de 2018, fue contactado por el ingeniero Pablo Yarull, quien le comunicó que lo había recomendado con el ingeniero Antón Casasnovas para la Supervisión de Calidad de Obras en la Construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación la Nueva Victoria. Luego de esto, el señor Antón Casasnovas se comunica dos.

“En esta negociación previa a la licitación Casasnovas y Pedro Pablo Santos, establecen que el precio del trabajo sería de RD$ 14,009,024.00, que fue el precio que colocaron en la oferta, a sugerencia del Sr. Antón y el precio que fue acogido en la licitación. Una muestra de que las diligencias de Antón con este ingeniero eran parte del esquema de reclutamiento de empresas para ser incorporadas en licitaciones amañadas al Plan de Humanización”, detalla el documento.

Erick Bueno Tejada pagó 4,000,000 de pesos como comisión para asegurarle ser seleccionado como supervisor en las obras del Plan de Humanización.

“Esos pagos debían producirse de forma concomitante con la salida de las cubicaciones, de modo que para que los pagos de estas salieran debían efectuar los pagos ilícitos”, explica Bueno Tejada en sus declaraciones.

Daniel Elías Manzur Báez y Alexander Rojas Elmudesi tenían presencia rutinaria y de confianza en las instalaciones de la sede del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), y “permanecían por mucho espacio tiempo en la oficina del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, organizando las maniobras con las que sería beneficiada la estructura de poder encabezada por Jean Alain”.

Faride Guerrero Rodríguez, ex Directora de Gestión Humana de la Procuraduría General de la República, con quien se percibía “sueldos sin trabajar, la contratación de personal fuera del departamento de Recursos Humanos, los detalles y circunstancias sobre el manejo del personal de la Procuraduría General de la República que era llevado a trabajar al Movimiento Político Renovación”.

Víctor Manuel Lora Imbert, Director de Carrera del Ministerio Publico, dijo que “Jonnathan Rodríguez Imbert era la caja fuerte del movimiento Renovación, quien tenía más detalles de la entrega del dinero era Jonathan, pero las personas que manejaban todos eran Jean Alain Rodríguez y Rafael Canó, a mí no me incluían en todo”, dijo al Pepca.

Alex Camille Yaryura Pérez, exdirector administrativo de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), dijo que Jean Alain Rodríguez Sánchez, solicitó y pagó un estudio para la realización de una encuesta con fecha de levantamiento del 9 al 13 de noviembre del año 2018, con el objetivo de explorar aspectos específicos del posicionamiento electoral del exprocurador.

Incluyó, radiografía electoral, atributos del candidato ideal, evaluación de personajes y posicionamiento de Jean Alain, evaluación de autoridades, elección interna y careos, radiografía demográficos, conocimiento, aprobación y voto por regiones, quienes son los indecisos y conclusiones.

Vanessa María Méndez Chávez, coordinadora de la región sur de la Dirección de Coordinación Institucional, indicó que en septiembre de 2019, próximo a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, y dado que ya se había activado con fuerza el Movimiento Político Renovación, por solicitud de Rafael Canó Sacco con la instrucción directa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez le fue solicitado la referencia de una firma encuestadora con “suficiente credibilidad” para que se realizara una medición de los precandidatos del PLD, dentro de los cuales se debía incluir la participación del acusado Jean Alain.

Alexander Augusto Rojas Elmudesi describe cómo el acusado Jean Alain quería mantener oculto la titularidad de un inmueble de la avenida Jiménez Moya, en La Julia, Distrito Nacional. Y quería que se pusiera su nombre como propietario del lugar.

Patricia Elmudeci García, a quien supuestamente Jean Alain le encargó la tarea de proyectar su imagen presidencial.

“Jean Alain Rodríguez o el Rafael Canó a través de Luisa María Fontana Frías, Patricia Nathalie Elmudesi García, a tales fines se contrató de manera ilegal un equipo de diez personas que se pagaban con un mecanismo fraudulento creado al margen de la nómina oficial de la Procuraduría General de la República, pero con dinero del presupuesto de la referida entidad”, indica el documento.

Esas personas fueron nombradas en la institución y recibieron 13,664,814 de pesos.
Luisa María Fontana Frías, encargada de comunicación y estrategia digital, dijo que el acusado Miguel José Moya tenía una estructura que funcionaba desde la República del Ecuador, que buscó favorecer que la escucha social fuera más positiva para la imagen del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez.

Anaimy Rosibel Frías Mendoza, secretaria en la oficina de abogados de Ifrain Samboy Feliz, fue testigo de contratos bajo firma privada de venta o traspaso de vehículo de motor.

Con sus declaraciones se verificaron Las circunstancias en las cuales firmó un contrato de servicios de transporte con la Procuraduría General de la República, que la misma no prestó servicios de transporte a la Procuraduría General de la República y que el vehículo que figura en dicho contrato no es de su propiedad.

Contratos de servicios de transporte
Jocelyn Santiago, al ser entrevista por la Pepca, admitió que recibió en una de sus cuentas de banco la cantidad de 300,000.00 de pesos de parte de Ulises Francisco Ramírez Fondeur para entregarlo a la acusada Altagracia Guillén Calzado, indicándole la acusada que le transfiera 150,000 y que el monto restante lo dejara en la cuenta de ella.

Ifraín Samboy Feliz, quien era transportista, quien indicó cómo el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto le envió las documentaciones para la elaboración de contratos de compra de vehículo.

Ivelisse Báez Mejía, quien notarizaba contratos de venta de vehículos en la oficina de abogados de Samboy Feliz.

Mala calidad de alimentos en las cárceles
Juan Carlos Santos Peña, quien era encargado de la cocina de Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, dijo que conversó sobre la mala calidad de los alimentos que se entregaban en el recinto entre 2016 y 2020.

“Que los alimentos dañados eran devueltos al suplidor Distribuidora Ropi, SRL y La Pasarata Mercantil, SRL., porque estaban podridos o dañados, por lo que no eran aptos para consumo humano, pero igual se facturaban en el conduce”, indicó.
Paula Mercedes Cedeño, criticó la comida repartida en el Centro de Privación de Libertad de Higüey Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad del Seibo Hombres, en el mismo periodo, mientras se desempeñaba como alcaidesa de los indicados centros.

“Los alimentos dañados eran devueltos al suplidor porque no eran aptos para consumo humano, la remisión por parte del suplidor de sacos de arroz con libras faltantes pero figurando como completos en los conduces de entrega del suplidor, las entregas incompletas de alimentos de manera constante y sin posterior reposición de los mismos”, dijo.

Yomar Báez Gerónimo, quien constató la mala calidad de los alimentos que se entregaban en el Centro de Privación de Libertad de Samaná, mientras desempeñaba la función de Alcaide de dicho centro durante el periodo 2016-2020.

“Los alimentos dañados que eran devueltos al suplidor La Parasata Mercantil, SRL., porque estaban podridos o dañados, y no se podían consumir por los internos”, indicó.

El ingeniero Francisco Gerdo Rosales, director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif),quien había entregado especificaciones técnicas y un proyecto de planificación que habían servido de respaldado para la erogación de fondos desde la Presidencia de la República, exclusivamente para la creación de un laboratorio de ADN forense.

Robert Gregory Acevedo, quien participó como oferente en el proceso de licitación del analizador genético con fines forenses.

Cristian Adonis Álvarez Merejo, con quien se probó que el nombre de su empresa AN Consulteam, SRL, así como la documentación que la avala como proveedor del Estado, fue facilitada por él a Claudio Jiménez, para que en la Procuraduría General de la República se simulara un proceso de comparación de precios sobre la supuesta contratación de servicios de asesoría para el levantamiento y recomendación para la puesta en marcha del laboratorio de ADN.

Amelia Isabel Escaño Mieses, quien era empleada de la Procuraduría como encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, y quien indicó que durante ese tiempo existía una duplicidad de funciones con el acusado Johannatan Loanders Medina.

José Francisco De La Rosa, adscrito a la División de Prevención y Ciberpatrullaje del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), con quien se probó mediante análisis forenses digital la autenticación y certificación de correo electrónico pepca@pgr.gob.do y Rafael_sanchez@bellsouth.net.

Karla Marie Márquez Minier, que fue una de las personas reclutadas por Patricia Nathalie Elmudesi García, en calidad de Comunicadora Social para que desempeñara la función de Analista de Medios Digitales, en un Departamento que se llamaba Manejo de Crisis y Reputación, diseñado con la finalidad de contrarrestar por medio de las redes sociales, todas las informaciones que entendieran afectaran la imagen del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez.

Silvia Marlene González Santiago, quien formaba parte de la Dirección Campañas Sociales de la Procuraduría, en calidad de Comunicación Digital, manejaba las redes sociales del acusado Jean Alain Rodríguez.

Sergio Augusto Sánchez Piñeiro, quien comprobó que el acusado Jean Alain participó a travésde él en una subasta de cuatro inmuebles.

Rhander Danilo Pérez Almonte, quien aportó documentos sobre las empresas Divamor Group, S.R.L., Rogama, S.R.L., Herrajes Rachel, S.R.L., Inversiones Zwaziland, S.R.L., F & F Ezel Import, S.R.L., Distribuidora Ropi, S.R.L., Ropalma, S.R.L., La Parasata Mercantil, S.R.L., Comercial Viaros, S.R.L., Getrant del Caribe, S.R.L.

Yenisse Elizabeth Guerra Brito, quien trabajó para EBUSA Engineering Group, era la encargada de supervisar dentro del Plan de Humanización del lote 5. Como supervisora se encargó de verificar la calidad, terminación y ejecución de los planos y el diseño de la obra.

Ronny Alexander Camilo Fernández, con quien se comprobó, según el documento, que constituyó la empresa Materiales de Construcción LNV, con el objetivo de negociar con las empresas e ingenieros que habían resultado adjudicados de las obras del Plan de Humanización.

Juan Gabriel Lora López, quien es accionista y gerente de la empresa Ingeniería JG LORA, S.R.L., quien explicó explicará cómo fue el proceso de adjudicación a su empresa, el proyecto consistente en la Ampliación del CCR Najayo Hombre.

Luis Alberto Casanova Pérez, a quien en noviembre de 2018, Jonathan Rodríguez le preguntó si quería ejecutar una obra, a lo cual le respondió que sí. Posteriormente, le comunicó que se debía pagar un 20% del total de la obra, la mitad con el avance de obra y la otra mitad en la primera cubicación.

Ulises Francisco Ramírez Fondeur quien entregó su celular para ser inspeccionado.

Facundo Aquino De La Cruz, quien le entregó voluntariamente al Ministerio Público una chequera para las investigaciones sobre las de los pagos de los sobornos realizados respecto aprocesos de licitación para equipamiento de la Cárcel de la Nueva Victoria.

Yomar Báez Gerónimo, quien entregó cartas originales de testigos que fueron utilizadas para experticia caligráfica sobre firmas de esta persona.

Rubert Augusto Alcántara Hernández, quien otorgó contratos originales para la verificación de caligrafía.

José Ramón Vinicio, quien entregó facturas a los fines de que se proceda a utilizarlos como documentos de comparación para cualquier peritaje.

Rafael Samuel Sena De Jesús entregó su celular a los fines de que el mismo sea analizado para la realización de la experticia.

Peter Alexander Benítez Hernández, entregó una memoria USB.

Luis Miguel Elmúdesi Salomón, socio de la empresa Complementos ER, quien entregó su celular voluntariamente para ser inspeccionado.

Frank Luis Santana Matos, Rafael Samuel Sena De Jesús y Ulises Francisco Ramírez Fondeur también entregaron sus teléfonos para las investigaciones.
Mientras que Peter Alexander Benítez Hernández y Pablo Manuel Rosado Castillo cedieron memorias USB.

Empleados de la Procuraduría que sirvieron de testigos
El expediente menciona una lista de todos los empleados de la PGR que sirvieron de testigos para las investigaciones del caso Medusa.

Bryan Andrés Cordero Aquino, Álvaro Caminero Reyes, Ana Bella Suarez Figuereo, Aracelis Lantigua Camilo, Adela Altagracia De Los Santos Bello, Henry Antonio Cubilete Sánchez, Ivonne García Bussi, Jennifer Polanco Guzmán, Lucy Esther Alcántara Alcántara, Miguel Ángel Benoit Núñez, Joely María Rodríguez Aquino, Rosa Mirna Contreras de Rodríguez, Magdalena A. Medrano Matos, Sarah Luisa Pérez, Kleivin Esteban De la Rosa Antuna, Noemi Herrera Villanueva, Sonia Eliyabeth Lebrón Delgado, Miguel Amilcar Angomas Medina, Katiuska Díaz Marte, Ana Julia Pérez Paula de Bastardo, José Dolores Magallanez, Selenia María Restituyo Cleto, Francisca Santos Marte, Esther Noemí García Vásquez, Patria Ibelisse Ramírez Batista, Georgina Mercedes Mercedes Bueno de Bodden, Yomery Peña Paulino, María Leticia De León López, Lucy Pepén Rodríguez y Nelcida A. Pepén Rodríguez, los cuales han sido aportados como testigos del presente proceso.