Las irregularidades detectadas por Cámara de Cuentas en MINERD, Politur y Cusep
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas (CCRD) publicó este viernes un informe en el que detalló una serie de irregularidades en el proceso de compra y contratación entre el Ministerio de Educación (MINERD) y la empresa SUIM Suplidores Institucionales Méndez, durante el periodo 2018-2020.
Esta investigación trató, de manera específica, la adquisición e instalación de bienes para equipar el Hogar Nuevo Amanecer, un trabajo valorado en RD$108,092,842, y en la que las autoridades califican de “injustificable” la manera en que le fue adjudicada esta licitación a la referida empresa.
Y es que el MINERD, durante la gestión de Antonio Peña Mirabal, aprobó que esta licitación sea un “procedimiento de compra urgente” a fin de agilizar el proyecto, de acuerdo con la Cámara de Cuentas.
Sin embargo, la entidad indicó que este proceso no ameritaba el carácter de urgencia, puesto que no cumplía con los requerimientos establecidos en el artículo tres, numeral tres, del reglamento 543-12 de la Ley de Compras y Contrataciones, resaltando que para este caso lo correspondiente era una licitación pública.
“La no aplicación de los procedimientos de selección correspondientes, afectan el erario público, la libre competencia y el principio de economía que debe primar en las adquisiciones del sector público”, leía parte del documento.
Similarmente la ley prevé que, para aprobar las situaciones de urgencia, estas deben seguir una serie de pasos, entre ellos la elaboración de un informe pericial que justifique la razón por la que el procedimiento debería tener este estatus.
No obstante, las actuales autoridades de Educación le aseguraron a la CCRD que en sus archivos, solo aparece un documento de una página como “justificación” de esta decisión, el cual no estaba firmado por ningún funcionario.
Sobre esto, Peña Mirabal negó estas acusaciones, aseverando que este informe pericial sí existe y que fue autorizado por la ex directora general de Educación General, María Angelina Rodríguez Hermida.
Otro de los aspectos destacados en la investigación es que el monto total del proceso de compra, RD$108,092,842, no fueron incluidos en el plan anual de compras, incumpliendo con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes.
De hecho, el MINERD firmó en febrero de 2019 un convenio para que el equipamiento del Hogar Escuela Nuevo Amanecer estuviera listo en seis meses, pero no es sino hasta octubre de ese mismo año en que se efectúa la contratación.
Precisamente sobre el tema del funcionamiento del establecimiento en cuestión se fija una de las peores transgresiones: cuando los auditores visitaron el Hogar Escuela Nuevo Amanecer, el 27 de octubre de 2021, este había iniciado sus operaciones, pese a que el contrato tenía dos años en ejecución.
De igual modo, la Cámara de Cuentas alegó que SUIM Suplidores Institucionales Méndez incurrió en faltas al contrato, afirmando que esta empresa no entregó equipos valorados en RD$32,491,903.
Otro de los incumplimientos resaltados en el documento fue que no remitieron informes detallados a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República (CGRD), por un monto estimado en RDS90,235,130.
De acuerdo con la investigación, los precios de ventas facturados por que SUIM Suplidores Institucionales Méndez presentaron en promedio un 55 % sobre su precio de adquisición.
“Tuvimos acceso a diversas facturas emitidas por suplidores del proveedor objeto de análisis, observando que los precios de venta facturados por dicho proveedor al MINERD presentan en promedio un 55 % sobre su precio de adquisición”, rezaba parte del texto.
En este informe también figura la observación de que a la mencionada empresa le fue adjudicada el trabajo en el Hogar Escuela Nuevo Amanecer, a pesar de que no contaban con trabajadores asalariados, según una certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
En tanto, las autoridades también refirieron la falta de varios productos adquiridos para el Hogar, tasados en más de diez millones de pesos, que no pudieron ser localizados, así como artículos recibidos que tenían especificaciones diferentes a las requeridas en el pliego de condiciones, por un valor de alrededor de RD$2.7 millones.
También reseñaron una diferencia entre la cantidad comprada y la observada físicamente, en este caso por poco más de seis millones de pesos.
Igualmente encontraron varios bienes en deterioro por desuso, además de bienes comprados no instalados en el lugar.
El ex ministro de Educación, Peña Mirabal, negó todas las acusaciones hechas en el informe, asegurando que en el proceso de compra se cumplieron con todos los requisitos.
En una comunicación remitida a la Cámara de Cuentas, el exfuncionario explicó que el convenio para equipar al Hogar fue realizado para cumplir el convenio firmado con el extinto despacho de la primera dama, el Ministerio Público, Consejo para la Niñez y la Adolescencia y la Dirección de Programas Especiales, acordado días antes de que asumiera la titularidad de la institución.
Pero, según Peña Mirabal, se percató del acuerdo cuatro meses después, por lo que necesitaba de manera obligatoria catalogar de “urgente” esta licitación para que “los niños y adolescentes en situación de calle pudieran iniciar el año escolar 2019-2020”, algo que no pudo suceder.
De manera similar, indicó que la pandemia afectó el equipamiento del lugar, siendo esta la razón por la que los auditores no encontraron en funcionamiento cuando lo inspeccionaron.
Politur
Por otro lado, la Cámara de Cuentas realizó una investigación especial a la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), antiguo Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), a través de la cual detectó inobservancia e irregularidades en el período comprendido entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de mayo del 2021.
La investigación hecha a las gestiones del mayor general Pedro Antonio Cáceres Chestaro, 2010-2011 y del general Juan Carlos Torres Robiou, 2014-2021 (este último cumple prisión preventiva por su implicación en el caso de corrupción, denominado Coral 5G) arrojó desvío y malversación de fondos durante su administración.
Entre las irregularidades halladas, conforme a la investigación, están pagos a empresas intermediarias, contratos de bienes y servicios sin evidenciar aplicación de procedimientos de selección, evaluación de los contratos suscritos con los suplidores, pagos a proveedores con lazos de consanguineidad con funcionarios de la entidad.
Además, fueron identificadas debilidades en la contratación con la compañía Global Investment and Business Bridimar, como modificaciones al objeto de contrato y pliego de condiciones, pago de avance superior al monto establecido por la ley y contratación, sin evidencia de póliza de seriedad de la oferta.
También factura con número de comprobante fiscal inválido, desembolsos mediante cheques no registrados y sin identificación de las cuentas contables afectadas, procedimientos de urgencia para la adquisición de combustibles sin resolución declaratoria de la máxima autoridad, adquisición de bienes y servicios sin la formalización de contratos, ausencia de elaboración de informe detallado posterior al término del proceso de urgencia y falta de control en los archivos de los expedientes de contrataciones de bienes, obras y servicios, entre otras irregularidades.
En su informe, con fecha del 20 de abril del presente año, la Cámara de Cuentas indica que los principales funcionarios de la entidad, actuando en el desempeño de sus atribuciones y funciones, no observaron las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos.
Cusep
La Cámara de Cuentas reveló los resultados de la investigación realizada al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y arrojó una gran cantidad de faltas y dinero aparentemente malversado por la institución.
El informe, aprobado por el Pleno del órgano fiscalizador en fecha 20 de abril del presente año, consta de una investigación del Cusep en el período 2012-2020, antes de que el presidente, Luis Abinader, asumiera el cargo.
Dentro de lo encontrado en términos monetarios, aparecen cuestiones como que la entidad no suministro las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$879,200,023 y en ese mismo reglón encontraron la “sustracción de recursos a través de las nóminas de personal por un valor de RD$36,121,434.
De igual manera, observaron que el Cusep realizó pagos a personal que no labora en la entidad por un monto superior a los seis millones de pesos y a personas que trabajan en otras entidades del Estado por un millon 248 mil 650 pesos.
En lo que respecta a compras y contrataciones, el Cusep no publicó los procedimientos realizados en el portal establecido, ni tampoco los presupuestos aprobados o los planes de compras.
En este reglón aparece que la entidad realizó pagos a proveedores de bienes y servicios “sin evidenciarse los procesos de selección” establecidos por la ley, por un valor de RD$683,368,964.
Asimismo, aparece que la entidad realizó compras sin evidencia de certificación del pago de impuestos a la TSS por un monto de RD$436,281,186; desembolsos sin factura, RD$60,368,746; retención de impuestos no reportados, RD$7,485,726 y otros aspectos como desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta y retención de impuestos por RD$16,273,024, entre otros.
También aparecen pagos por concepto de “inteligencia sin soportes por valor de RD959,589,419; adquisiciones sin certificación de existencia de fondos, RD$1,806,660,247; compra de “tickets” de combustible sin listado de beneficiario, RD$245,459,550 y distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia por RD$464,463,401.
Otros detalles encontrados por el informe son pagos a proveedores con lazos de consanguinidad con funcionario de la entidad por valor de RD$121,926,235; diferencias en confirmación de facturas de proveedores, RD$3,157,534 y expedientes incompletos de pago de dietas e incentivos por valor de RD$39,517,338.
Por otro lado, la Cámara de Cuentas hace menciones de carencias internar del Cusep en cuanto a la distribución de combustible; un sistema de inventario de materiales; distribución de raciones alimenticias; ausencia de la función de auditoría interna; debilidades del departamento de tecnología y comunicación, entre otras.
El informe fue remitido a distintos órganos vinculados con los hallazgos, así como a la Procuraduría General de la República (PGR).