Caso Medusa: presentan nuevas pruebas contra Jean Alain y otros imputados
Santo Domingo.- El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró este miércoles que el Ministerio Público (MP) ha presentado pruebas suficientes para que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantenga las medidas de coerción impuestas al exprocurador general de la República (PGR) Jean Alain Rodríguez, así como a los demás imputados por corrupción del caso Medusa.
“El Ministerio Público ha depositado ante el tribunal presupuestos que son la consecuencia de la propia evolución de la investigación, que serán más que suficientes para que este tribunal mantenga todas y cada una de las medidas que se han impuesto hasta ahora”, indicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La juez Solange Raquel Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la revisión de la medida de coerción al exprocurador y a los demás implicados en esa operación.
Camacho explicó que la audiencia de este miércoles se aplazó a solicitud de la defensa, la cual pidió al tribunal que sean comunicados los presupuestos nuevos aportados por el MP para el conocimiento de esta revisión obligatoria de medida de coerción.
Desde el mes de julio Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Recientemente el Ministerio Público logró que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogieran su petición y le ratificaran la prisión preventiva impuesta al exprocurador y a Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1.0 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Tras ser cuestionado sobre la solicitud de extradición de Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete de Rodríguez, arrestado en España la semana pasada, el titular de la PEPCA dijo que ya realizaron el trámite para que el imputado sea retornado a República Dominicana.
“Como ustedes conocen, esa persona está arrestada en España, ya se hizo el trámite de la solicitud, y va a depender en consecuencia de la coordinación que se realice entre las autoridades dominicanas y las autoridades españolas”, expresó.
Agregó que “nosotros esperamos que esa persona esté en República Dominicana en el menor tiempo posible”.
El procurador adjunto explicó que las herramientas que sirven de soporte al Ministerio Público para su extradición son las convenciones internacionales.
“Nosotros estamos convencidos y vamos a lograr que esa persona venga a República Dominicana a responder por sus hechos”, manifestó.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la PGR y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de RD$6,000 millones.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El organismo acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
También están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.