Santo Domingo.- El presidente del Partido Generación de Servidores (PGS) Carlos Peña propuso la firma de un pacto político supraconstitucional que permita salir de la actual crisis política e institucional que vive la República Dominicana tras la suspensión de las pasadas elección del 16 de febrero.
“Este pacto sería firmado por los representantes de los partidos políticos, de la Iglesia católica e iglesia evangélica, así como un representante del sector empresarial, teniendo como premisa que la Constitución no sería modificada bajo ninguna condición, pues ante la alteración del orden constitucional que sufrió el país con la suspensión de las elecciones, este pacto vendría a salvar esa situación y a impedir que la actual crisis degenere en una social incontrolable”, afirmó Peña.
Además propuso mediante ese acuerdo, la destitución de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y sus suplentes e instalar los nuevos miembros del órgano electoral, procedentes de sectores no partidistas y con las competencias éticas y profesionales adecuadas para realizar una única función que será el montaje de las elecciones generales del mes de mayo en los tres niveles de elección, a decir, presidencial, congresual y municipal, con lo cual se mueven las elecciones pautadas para el 15 de marzo y se hacen coincidir con las de mayo.
“Este pacto permitiría a las autoridades disponer del tiempo para dar respuesta a la población sobre lo que realmente ocurrió el pasado 16 de febrero, antes de volver a la urnas despejar el clima de dudas que con respecto a la falta de transparencia y credibilidad se cierne sobre el actual proceso electoral y también ahorraría aproximadamente el 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación, al hacer coincidir las elecciones en los tres niveles en mayo”, dijo.
El dirigente político, quien fue entrevistado en el programa de televisión “A Las 7:00 AM” de Metrovisión, sostuvo que en el país no hay condiciones para acudir a una elecciones el 15 de marzo y que la dimensión de la actual crisis política dominicana, demanda de respuestas que superan las soluciones que el ordenamiento jurídico nacional proporcionan.
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