Santo Domingo.- El dirigente perredeista Guido Gómez Mazara y el abogado Domingo Rojas solicitaron al Juzgado de la Instrucción objetar la decisión de la Procuraduría General (PGR) de archivar de manera definitiva la investigación por la acusación de soborno contra el economista Andrés “Andy” Dauhajre Nader.
El financista es investigado por operaciones de actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora Odebrecht, delitos que se le atribuyen fueron cometidos bajo la condición de asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Para el abogado y profesor universitario y representantes de la Fundación Nacional de los Derechos Civiles, se torna sospechoso y se envía una señal inequívoca de complicidad, cuando el día 26 de diciembre del año recién finalizado la PGR notificó un “archivo definitivo” del proceso de investigación pretendiendo que el poder político sirva de cobertura de todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre CDEEE y Andrés Dauhajre de US$750,000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York.
Señalaron que “han sido los mismos delatores de todo el proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos, claramente definidos por la empresa con la meta de conseguir contratos, y en el caso de Punta Catalina, es necesario recordar la cantidad de recursos públicos destinados para su construcción porque no existió la posibilidad de conseguir financiamiento internacional para la obra, lo que resulta contraproducente con los resultados, la aparición de un contratado que no logra el objetivo pero es remunerado con sumas millonarias y que ahora el ministerio público encargado de perseguir la corrupción evada y/o se torne cómplice respecto de montos que alcanzan a US$9,514,430.00, sin ningún tipo de responsabilidad al receptor de esos fondos”.
Gómez Mazara y Rojas advirtieron que colocar el archivo en una fecha como la última semana de diciembre revela la intención mañosa fundamentada en el plazo de cinco días hábiles para atacar la decisión.
Recordó que el artículo 262 y siguientes del Código Penal habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en conocimiento de las autoridades y que la ley 821 en su artículo 57 establece que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones “por lo que el archivo definitivo es un acto de protección vulgar y complicidad del poder político deseoso de amparar al economista Dauhajre, a lo que ningún juez de la instrucción se prestará”.
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