Santo Domingo.- El Partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso este jueves la eliminación de todas las atribuciones de competencias electorales del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y otorgar nuevamente esos asuntos jurisdiccionales al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Así lo hizo constar la organización, en una instancia sometida por su delegado político, Manuel Crespo, a través de la Secretaría General del organismo comicial, en su propuesta para la reforma a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos 33-18 y a la Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19.
“Proponemos que todas las decisiones que versen sobre derechos electorales, derechos de militantes, elecciones y todo lo que emane de la JCE como acto administrativo sea conocido por el TSE”, dice el documento de 60 páginas depositado, en una de sus partes.
Asimismo, propuso mantener a la JCE como la organizadora de los procesos internos de los partidos políticos, tal y como lo establece la Ley Electoral 19-19 en su artículo 18.
“Esto así porque en la FP consideramos primordial este rol de arbitraje de la JCE, dado que, en cierta forma los partidos políticos en un proceso interno pueden perder su capacidad de arbitraje ante sectores o grupos internos contrapuestos”, explican.
Con relación a las audiencias con los partidos políticos, la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández dijo rechazar la propuesta del organismo electoral, y propone que el pleno se reúna con los partidos y movimientos políticos reconocidos cada tres meses.
Asimismo, manifestaron su negativa ante la posibilidad de la inclusión del voto electrónico, como forma de votación, “dada la experiencia negativa de su utilización en la nación, la cual llevó incluso a la cancelación de unas elecciones por primera vez en la historia del país”, además expresó su oposición a la eliminación del voto preferencial en el ámbito municipal.
El transfuguismo
Respecto al transfuguismo, la organización se opuso al concepto, en razón de que estas reglas contra el transfuguismo, entran en conflicto directo con los derechos constitucionales de asociación y de elegir y ser elegible.
“Es pertinente evaluar hasta qué grado se puede limitar el paso de un precandidato o candidato a otra organización sin vulnerar sus derechos constitucionales”, expresan a través de una nota de prensa.
“Es un asunto complejo, ya que por un lado nadie puede ser obligado a permanecer en una organización que no desee, y por otro lado, a nadie se le puede impedir ser elegible. Por tanto, se tiene que determinar de qué manera se puede regular esta migración política, haciendo las normas compatibles con los derechos fundamentales en cuestión”, añadieron.
Gasto de campaña electoral
En cuanto al gasto de campaña electoral, la FP dijo que se deben mantener los topes planteados en el artículo 204 de la Ley 15-19, y señalaron que los límites planteados en el anteproyecto presentan “trabas excesivas y monto bastantes reducidos, muchos de los cuales imposibilitarían incluso la materialización de la campaña en determinadas demarcaciones”.
Fraude programa social
Por otro lado, el secretario de Políticas Sociales de ese partido, Onofre Rojas, exigió al Gobierno y al sistema de justicia de la República Dominicana que se investigue y penalice a las personas responsables del fraude que se ha cometido con las tarjetas del programa de asistencia social Supérate.
Rojas, miembro de la Dirección Política, encabezó este jueves una rueda de prensa junto a Gisela Romero y Modesto Reyes Valentín, secretarios de Reforma de la Administración Pública y de Desarrollo Rural de la entidad, respectivamente, donde leyeron el documento donde fijaron posición sobre el tema del fraude con las tarjetas Supérate.
“Se trata de arrebatarle el pan a los más pobres entre los pobres. La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) debe dar la cara y clarificar en dónde ha estado la vulnerabilidad del sistema para que se haya producido semejante acto de barbarie”, expresó.
El dirigente político continuó diciendo que el Gobierno no ha cumplido con la promesa que hizo en su primer discurso, de someter una ley de protección social y, como consecuencia hacer una reingeniería del sector social del órgano gubernamental.
“Sin embargo, lo que ha sucedido es que cambió la etiqueta del Programa Solidaridad por el Programa Supérate. Es cierto que aumentó la asignación a RD$1,600, pero muy pronto la inflación se tragó dicho aumento y hoy los beneficiarios, además de muchos ser despojados del beneficio total de la tarjeta, a través del fraude, los que la han podido usar hoy compran menos que antes, a causa del incremento exorbitante de los precios de los productos de primera necesidad”, indicó el secretario de Políticas Sociales.
A su vez, llamaron al Gobierno a proteger y fortalecer el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), ya que esa es la herramienta que permite poder tener un adecuado padrón de los que verdaderamente necesitan del auxilio de los programas sociales.
De acuerdo a la organización política esta institución no debe ser tocada para disminuir sus funciones o recursos, más bien, fortalecerla y protegerla, sin utilizarla para sacar provecho político.
“Es necesario que para el Programa Supérate y los demás programas sociales también, se mantenga el control de las normas bancarias de tal forma que se pueda evitar el tipo de fraude que ha ocurrido, el cual no debe quedar impune”, apuntó.
También demandaron que el proceso no se limite a investigar y someter a la justicia a los dueños de colmados, miembros de la Red de Abastos Solidarios (RAS), sino que también se investigue a todo el que pueda estar implicado independientemente de su categoría.
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