Santo Domingo.- Eddy Olivares, exmiembro de la Junta Central electoral (JCE), defendió este lunes la resolución del organismo comicial que prohíbe la actividad proselitistas fuera de la campaña electoral, pero adujo existe mucha confusión, al tiempo que negó la misma viole derechos fundamentales como alegan algunos sectores.
“No se limita ningún derecho fundamental. El derecho fundamental a la libertad de reunión está garantizado porque la Junta no ha dicho a los precandidato que no se reúnan. Usted puede llevar bajo techo a un millón de simpatizantes, ahora usted no puede hacerlo en la vía pública porque los ciudadanos no están obligado a tener que soportar la consecuencia de una actividad en la vía pública que la ley no establece que puede realizarse”, explicó el exintegrante de la JCE.
Olivares indicó que tampoco existe violación en lo concerniente a la libertad de asociación y la libertad de expresión, mucho menos, porque cualquier político puede ir a un programa y hablar de sus actividades sin inconveniente.
El también vocero del expresidente Hipólito Mejía, indicó que los cuestionamientos a la iniciativa de la JCE evidencia la necesidad de aprobar en el país la Ley de Partidos, donde debe incluirse la regulación de la campaña electoral.
“La ley es la que determina que, fuera de la proclama de la campaña electoral del inicio del período de campaña, no se deben realizar ese tipo de actividades al aire libre”, precisó el exintegrante de la JCE al ser entrevistado en el programa "El Día", en Telesistema.
Sin embargo, Olivares aclaró que la precampaña electoral no figura dentro de las regulaciones que aplica la norma, por eso “a partir de la aprobación de la Ley de Partidos, si la precampaña estará regularizada”.
Olivares además dijo que la resolución del organismo comicial debió contar con el aval de toda la comunidad política.
Advierte a Leonel Fernández
Sobre las argumentaciones legales externadas por el expresidente Leonel Fernández a la resolución de la JCE, Olivares recordó que el artículo 173 en su numeral 22, establece sanciones por cometerse un delito electoral que implica una penalidad de seis meses a dos años de prisión correccional y multa de RD$2,000.00 a RD$5,000.00.
“Si el presidente Fernández violenta le ley sería un menaje muy malo. Sería un desafío a la autoridad de la Junta que yo no quiero creer que podría producirse porque va en contra del comportamiento que debe tener un líder político y sobre todo un estadista como el presidente Fernández. Yo no creo que vaya a persistir en ese planteamiento”, apuntó.
Olivares precisó que la JCE tiene un mandato del constituyente en el artículo 211 que establece que debe garantizar la objetividad, libertad, la transparencia y la equidad en los proceso electorales.
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