Santo Domingo.– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), a través de su director ejecutivo, Cándido De Jesús, informó este lunes que esa institución recibió una denuncia presentada por inversionistas y abogados españoles relacionada con una transferencia irregular de aproximadamente 18 millones de metros cuadrados de terrenos ubicados en la provincia La Altagracia, municipio Higüey (Punta Cana), cuyo valor estimado superaría los US$3,000 millones, concretamente por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),en el año 2023.
El dirigente de sociedad civil explicó que la Fundación Justicia y Transparencia carece de facultades para investigar y enjuiciar los hechos denunciados y que su actuación consiste en canalizar formalmente la denuncia vía un llamado a la Procuraduría General de la República, solicitando que se dispongan de las diligencias correspondientes.
Precisó que el caso en principio es de naturaleza privada, pero ya con la agravante de la participación y posible corrupción administrativa de estamentos gubernamentales y jurisdiccionales.
Según las informaciones recibidas por la FJT, los denunciantes sostienen que en 2023 se produjo una transferencia irregular de terrenos vinculados a la compañía El Cabo S.A. ubicados en las parcelas 392 y 393 del Distrito Catastral 11/9na del municipio de Higüey, colindantes con desarrollos de la zona de Cap Cana y que posteriormente, en 2025, se habría formalizado un presunto acuerdo transaccional, cuya legalidad es cuestionada por los abogados españoles y sus representantes en el país, incluso el referido acuerdo contando con la santificación de abogados muy prestantes del país.
De Jesús aclaró que esas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser verificadas por las autoridades competentes, donde también plantea la ilegalidad de consentimientos y asambleas y otros actos utilizados para el supuesto acto transaccional.
La entidad cívica lamento que todas estas tratativas hayan involucrados tribunales del más alto nivel, homologando y dándole aquiescencia a ilegalidades, las cuales una vez comprobadas, tendría implicaciones para el turismo, la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en la República Dominicana, Maxime por tratarse también de la justicia, Poder del Estado, que en teoría es el garante de los derechos fundamentales, el debido proceso de ley, la institucionalidad y el cumplimiento de las leyes.
Asimismo, la FJT exhortó a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Justicia, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y demás instituciones competentes a esclarecer los hechos y actuar en consecuencia. Asimismo, informó que la fundación ampliará la recolección de datos vía la ley de acceso a la información pública, con el objetivo de seguir haciendo las denuncias y remitirlos a las autoridades competentes
El dirigente cívico indicó que los denunciantes sostienen que el conflicto judicial relacionado con la compañía El Cabo S. A. se extiende por más de dos décadas, siendo el propietario original un nacional español radicado en el país y actualmente su hija, una abogada española, continúa representando los intereses familiares en los procesos judiciales, hoy en litis con los familiares de un nacional cubano que alegaba que antes del 1991, él era el propietario, fecha en que la compañía El Cabo obtuvo los derechos de propiedad.
Lo cierto es que el litigio en cuestión involucra prácticamente todas las instancias jurisdiccionales incluyendo el Tribunal Constitucional y la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, además de la implicación de altos funcionarios gubernamentales, hoy con fuertes cuestionamientos alrededor de la referida transacción.
De Jesús afirmó que la finalidad de la institución es contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia y la seguridad jurídica, permitiendo que las autoridades competentes investiguen los hechos denunciados y adopten las decisiones que correspondan conforme a la ley.
Finalmente, la FJT cree que estas señaladas inconductas ponen a prueba la entrada en vigor del Nuevo Código Penal, que trae penas reforzadas y nuevos tipos penales en materia de combate a la corrupción administrativa, un escenario más que oportuno para verificar los avances y efectividad del Código Penal.
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