Santo Domingo.- La directora general de Persecución de la Procuraduría General de la República (PGR), Yeni Berenice Reynoso, se refirió a la Operación Coral y dijo que el Ministerio Público (MP) tiene una investigación amplia y compleja “sobre hechos sumamente grave”, y reveló que en el transcurso de la siguiente semana esta entidad estará haciendo el proceso y “desplegando todavía mucha más diligencia de investigación que a diario están haciendo”.
Reynoso se refirió al tema tras ser preguntada sobre las menciones que hace el MP en la solicitud de medida de coerción del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés; y del general Juan Carlos Robiou, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
“En esta fase del proceso no se dan detalles. Lo que sí nosotros podemos informar es que estamos listos para conocer el proceso. El Ministerio Público seguirá profundizando las investigaciones con relación a este y otros casos”, expresó.
Manifestó que sobre “este entramado criminal que operaba estilo mafia”, el Ministerio Público está totalmente seguro que con las evidencias que tiene en su poder podrá lograr la medida de coerción y eventualmente una condena.
A su vez el MP pidió un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo contra el jefe de escoltas de Danilo Medina, Adán Cáceres; la pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán (cabo de la Policía); el teniente coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Dominicano Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro José Cruz.
Agregó que están listos para conocer el caso “en el Centro Olímpico” si es necesario y que no tienen ningún temor.
Implicaciones
En el documento de solicitud de coerción el MP menciona que Comprés conformaba parte de la supuesta coalición de funcionarios que encabezaba el mayor general Cáceres Silvestre, imputado y jefe de escolta del expresidente Medina.
Sobre Robiou indicó que le parece “en extremo sospechoso” el alquiler de un inmueble que hizo a uno de los implicados en el caso Coral.
Se trata del alquiler de un inmueble ubicado en El Portillo, en la playa Las Terrenas, en Samaná, por la que el general paga la suma mensual de US$3,000.
Imputaciones
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó que los imputados colocaron activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y en dólares estadounidenses, que servían de soporte para tomar préstamos que eran pagados en “tiempo récord” , sin siquiera haber tocado los valores de los certificados.
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