Santo Domingo.- La fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos Castillo fue recusada para que se abstenga de investigar la querella por lavado de activos contra el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) Miguel Surún Hernández y remita el expediente por ante la Procuraduría Especializada.
La recusación fue presentada ante la procuradora general de la República (PGR), Miriam Germán Brito y el procurador general de la corte de apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, por la empresa Mahoe Trading.
En la instancia, Jorge Lora Castillo, representante de la empresa, solicitó a Germán Brito que ordene al procurador general de la Corte de Apelación iniciar una investigación que determine las razones que tiene la fiscal del Distrito Nacional, para tener secuestrada en su despacho el proceso.
Precisó que la querella contra Surún Hernández fue depositada el 22 de febrero y a la fecha no se ha realizado ninguna diligencia de investigación.
Los representantes legales de Mahoe Trading al no obtener respuesta de Ramos Castillo, acudieron al juez Rigoberto Sena Ferreras que el 27 de abril ordenó a la Fiscalía investigar los pagos de impuestos y movimientos bancarios del Aeropuerto Internacional de Bávaro a través de la empresa panameña CVC ONE de Abraham Hazoury Toral, originalmente propiedad del presidente del Colegio de Abogado.
Posteriormente el magistrado Sena Ferreras revocó su decisión al comprobarse que no se había cumplido el debido proceso con la notificación de su decisión a las parte. Los representantes de Mahoe Trading iniciaron de nuevo el proceso y esta vez se recusaron a la representante del Ministerio Público (MP).
Precisaron que el propósito de la investigación es determinar el origen de los recursos millonarios con los que se alega fueron comprados los terrenos para esa infraestructura y la confirmación del pago de los impuestos. Se acusa al gremialista y Hazoury Toral de cometer un fraude contra el Estado por más de RD$2,000 millones a través transacciones simuladas.
Según el expediente, el presidente del CARD constituyó la sociedad comercial CVC ONE, en Panamá, con un capital mínimo el 11 de noviembre del 2009, la registró el 21 de mayo del 2012 en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana y posteriormente la utilizó en connivencia con Hazoury Toral para la compra de los terrenos donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Bávaro por un total de RD$116.455.653.59, entre junio y julio del 2019.
El empresario norteamericano y médico Mariano González Diez, y su compañía Maho Trading, vía su abogado, presentó la querella que también incluye a Rafael Fernández de Castro, Aeropuerto Internacional de Bávaro y al Grupo Cap Cana.
Lora Castillo dijo que la querella, se justifica porque el caso envuelve, crímenes de cuello blanco, donde se han movilizado cientos de millones de pesos, en lavado de activos, entre otros tipos penales.
Indicó que ha hecho solicitudes de diligencias de investigación y que a cuatro meses de la solicitud realizada, formalmente, no han sido ordenadas ni mucho menos dispuesto su rechazo como ordena el debido proceso de ley.
La querella busca resarcir eventualmente al empresario puertorriqueño, comprador de un solar en Cap Cana por US$2.970.000 en el 2007. Dijo que el pago debió ir a una cuenta y los fondos utilizados en las obras de infraestructura del proyecto Los Farallones de Trump, lo que no ocurrió.
Manifestó que ante el uso indebido de esos recursos e incumplimiento, el inversionista acudió al Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en donde Cap Cana fue condenada al pago de los US$2.970.000 y una indemnización por daños y perjuicios ascendente a US$567,636 en el mes diciembre del 2020.
El jurista señaló que acudió este al Departamento de Litigación Estratégica de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en representación de la empresa, y que fue informado que la magistrada Ramos Castillo, de manera informal, había solicitado el expediente de que se trata, el cual fue remitido al despacho de dicha funcionaria.
“Esa situación, evidente y obviamente anormal, donde la titular de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, interviene en la paralización de hecho de la instrucción de un proceso, habla muy mal del desempeño de dicha funcionaria y sus fiscales adjuntos, quienes aparentemente pretenden, realizar un flaco servicio a su labor de investigar y hurgar en los procesos que les son sometidos para buscar la verdad de todo cuanto realmente ha acontecido”, apuntó.
Asimismo declaró que el presidente CARD, en su declaración de bienes no figura la compañía extranjera, cedió la titularidad de la misma a Hazoury Toral, el 8 de julio del 2019, pero la transferencia de las acciones fue inscrita el 27 de agosto del 2020. Los terrenos fueron vendidos a Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB S.A.S el 21 de octubre del 2019 por US$38,490,938, equivalentes a RD$2,232,474,00.
“Dado que Hazoury Toral también era presidente de ambas razones comerciales, se vendió y compró a sí mismo, pero en solo tres meses revaluó 19 veces lo pagado inicialmente por CVC ONE a los propietarios originales de los terrenos”, aseguró.
Aclaró que “la empresa CVC ONE Inc., por sí misma, no tenía ninguna actividad económica legítima, reconocida o registrada que le permitiera hacer estas inversiones millonarias, sustentadas en el lavado de activos, la evasión de impuestos, como delito precedente, y sobre todo, mediante el evidente uso del testaferrato”.
Cargando ...