Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) depositó este miércoles por ante el Tribunal Constitucional (TC) una medida cautelar para la suspensión inmediata del decreto No. 342-20, dado el Poder Ejecutivo el 16 de agosto de 2020, mediante el cual declaran de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El organismo explicó que la medida tiene como objeto paralizar en lo inmediato las múltiples transgresiones al derecho y violaciones a la Constitución, en que de entrada el Gobierno ha venido y continúa incurriendo, además de ir perpetrando día a día acciones irregulares, con la agravante de ir generando relaciones jurídicas con diversas contrataciones y otros actos que posteriormente devendrían en nulos, tales como licitaciones, desvinculación de empleados, ventas de bienes muebles e inmuebles, expedición de permisos, “en fin estaríamos hablando de un concierto de ilegalidades mayúsculas”.
Los abogados actuantes, Trajano Potentini, Henry Misael Adames y César Noboa, representes de la FJT, informaron que dada la gravedad del asunto, de tener un sector eléctrico manejándose al margen de la legalidad e institucionalidad, se impone con carácter imperativo y provisional, el que, el Tribunal Constitucional, antes de dar el fallo, con carácter definitivo de la acción principal de inconstitucionalidad, en contra del decreto 342-20, se avoque con urgencia a anular provisionalmente el referido decreto, paralizando así las perturbaciones que al derecho se siguen sucediendo día a día en la CDEEE y sector eléctrico.
Dijeron que lo que Justicia y Transparencia busca como medida anticipada es la suspensión de cualquier acto y disposiciones conexas derivada de la aplicabilidad y ejecución del referido decreto, hasta tanto el TC decida sobre la suerte de la acción directa de inconstitucionalidad del 07 de junio del 2021.
Finalmente, la entidad extendió al Gobierno, un llamado a la cordura y reflexión, tras advertirle que deben descontinuar la práctica de la venta y liquidación de la CDEEE, más bien enrumbarse por la legalidad, por tratarse de un proceso que afecta muchos derechos e intereses, con temas de alta incidencia en la economía del país.
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