Santo Domingo.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Dajabón, Darío Zapata, afirmó que la frontera dominico-haitiana no es un problema, sino una oportunidad de inversión para la Republica Dominicana.
Zapata precisó que los empresarios no querían invertir en territorio fronterizo porque no había una seguridad jurídica eficiente, pero destacó, que ahora eso cambiará gracias a la nueva Ley 28-01 que crea la zona especial de desarrollo integral fronterizo y un régimen de incentivos, que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
“Tenemos una ley contundente, con una seguridad jurídica más que suficiente y grandes inversionistas nacionales y extranjeros se establecerán en la frontera”, aseguró el legislador al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7.
Afirmó que es muy necesaria la inversión en la frontera porque el país está amenazado por una inmigración indetenible de indocumentados e informó que a través de dicha ley se crea un eje central de desarrollo sostenible en la zona fronteriza.
El diputado, que es proponente del consenso para la aprobación de la Ley 28-01, indicó que el presidente Luis Abinader está muy comprometido con la frontera y así lo expresó recientemente en una gran jornada de trabajo.
Destacó que esta ley tiene un gran régimen de consecuencias para quienes incumplan, incluida la cancelación del permiso de operatividad de la empresa en cuestión. “Cuando se evadan los impuestos por alguna empresa que se haya querido salir del territorio fronterizo, no habiendo cumplido con la ley, será condenada al pago de los impuestos evadidos, así como otras sanciones”, expresó.
En tanto, destacó que las ventajas sobre las exenciones legales que estaban en la antigua ley siguen vigente en la actual.
Al preguntarle qué garantías hay de que los beneficios de la ley se usen para crear empleos y desarrollo en la frontera y no para propiciar competencia desleal, dijo que la antigua ley no tenía régimen de consecuencias y por eso se hacía fraude y los empresarios no recibían sanciones.
“En esa la ley no había régimen de consecuencia legal. Ahora estamos en un régimen rígido, muy estricto y ninguna empresa se va a exponer a perder su permiso de operatividad por querer instalarse fuera. Los bienes y servicios sí pueden ser comercializados a nivel nacional”, indicó.
Informó además, que a partir de ahora cada 10 años las empresas acogidas tendrán que hacer una rendición de cuentas y para que una empresa pueda operar los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo tienen que hacer un estudio de impacto social que luego será remitido al Consejo de Coordinación para ser tomado como parámetro.
La nueva Ley 28-01 está reformulada en un 100 % y su impacto será importante, dijo el diputado, tras agregar que la antigua legislación fue atacada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y luego ante el Tribunal Constitucional (TC) porque los empresarios que no estaban acogidos a la ley alegaban una competencia desleal.
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