Santo Domingo, República Dominicana • Domingo 28 de Abril, 2024
martes 1 agosto, 2023

Unos 12 empleados de Procuraduría detenidos por presuntos vínculos con red borraba antecedentes penales por sobornos

La procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reveló empresa que se le atribuye a Juan Alexis Medina Sánchez estafó al Estado dominicano.
Dentro de los arrestados se encuentran un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República, además de un expolicía.

Santo Domingo.- Al menos 12 empleados del área de tecnología y servicio al usuario de la Procuraduría General de la República, fueron detenidos este martes tras ser acusados de pertenecer a una supuesta red que eliminó miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.

Los allanamientos se practicaron en horas de la madrugada en distintas localidades a nivel nacional.

El Ministerio Público indicó que esto forma de la Operación Gavilán que se enfoca en desarticular la red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que, durante años, borraron antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.

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Dentro de los arrestados se encuentran un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República, además de un expolicía.

Los allanamientos llevados a cabo por un equipo de fiscales, en conjunto con unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se realizaron en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.

El equipo de investigación tiene varios fiscales bajo indagación y en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción.

Mediante una nota de prensa, el MP informó que para la persecución penal, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y para el aspecto disciplinario al inspector general de la institución, Viterbo Cabral.

En la Operación Gavilán trabajan fiscales de unidades especiales del Ministerio Público, como Sourrely Jaquez y Andrés Mena, quienes cuentan con el apoyo de unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo los lineamientos directores de sus responsables, el mayor general Eduardo Alberto Then y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

En el borrador de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, figuran entre los beneficiados de forma reiterada por las acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con la Operación Gavilán.

Durante los allanamientos se ocuparon evidencias de los delitos imputados, como dispositivos electrónicos, prueba de transferencias bancarias, armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, cédulas y copias de cédulas.

En las próximas horas el Ministerio Público procederá a solicitar medida de coerción en contra de los imputados por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.

Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.

 

 

 

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