Santo Domingo.- El Tribunal Constitucional (TC) reafirmó la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ante los poderes del Estado mediante la sentencia No. TC/0056/22.
Destacaron que la sentencia sobre el conflicto de competencia entre el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Defensa Pública es un punto de inflexión que marca un antes y un después para el desarrollo institucional de la ONDP, acogiendo a favor y así resaltando el estatus de órgano constitucional que conlleva la autonomía administrativa, funcional y financiera, lo que resuelve el contexto actual, donde diferencias de interpretación en la aplicación de las normas entre las partes envueltas, complicaban el alcance de las metas institucionales de esa organización.
El director de la entidad, Rodolfo Valentín Santos, expresó que en todos los Estados existen defensores públicos y, que para que haya un equilibrio en el sistema de derecho, debe existir una defensa pública, más aún, como un órgano de carácter constitucional con autonomía administrativa, funcional y financiera.
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“Con la publicación de esta importante sentencia, no asumimos que existe un perdedor, sino que todos contribuimos a la institucionalidad, la supremacía de la Constitución y la responsabilidad del Estado de garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa publica en las distintas áreas de su competencia”, expresó Valentín Santos.
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Se recuerda que, la Oficina de Defensa Pública es una institución que proporciona servicios de defensa legal gratuita, por medio de un cuerpo de abogados, dirigidos a las personas privadas de libertad o vinculadas a un proceso judicial, que carecen de recursos económicos para pagar un defensor o que por cualquier causa no tengan uno.
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