Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, señaló este miércoles que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo e instituciones involucradas presentará en los próximos días las propuestas para reformar las leyes que regulan la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas.
Durante el segundo encuentro del Consejo Económico y Social (CES) en el que se debaten 13 reformas, el jefe de Estado presentó sus propuestas para la constitucional e hizo formal depósito de un documento introductorio para su discusión.
Estas reformas, las cuales dice no serán una imposición de su gestión, incluyen además transformaciones en el ámbito de la justicia, entre ellas la formulación de una ley que “revolucione” la jurisdicción administrativa y la transformación del Ministerio Público (MP) adecuando su funcionamiento para concentrar su atención en la persecución de la criminalidad.
Para materializar lo anterior, el primer mandatario plantea una reforma constitucional que abarque la reformulación del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), excluyendo del mismo al Procurador General de la República.
Asimismo, señaló la reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que exista un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso entre sus jueces. Además del fortalecimiento de la independencia del MP mediante el establecimiento de su independencia total del resto de poderes del Estado, delimitando sus funciones y especializándolos en la investigación y persecución de los hechos punibles.
Otros cambios que plantea son mejoras al sistema electoral relacionadas a la organización de las asambleas electorales y el fortalecimiento del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de la Junta Central Electoral (JCE).
Finalmente, señaló la consolidación de los órganos encargados del control externo e interno de los fondos públicos, o sea, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.
En otro orden, el Poder Ejecutivo presentó sus propuestas en el CNM para una posible reforma a la Constitución de la República.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó las propuestas que realizan, donde destaca la elección de los jueces de altas cortes para periodos únicos de 9 años y su prohibición para ser miembros de partidos políticos en los 5 años previos a su designación.
Estas son las principales propuestas presentadas:
Sacar al Procurador de su membresía en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para reducir su nómina a 7 miembros.
Las reuniones del CNM serían de forma ordinaria cada 3 años y extraordinariamente cuantas veces sea convocado por el presidente o el conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este. "Así se quitaría el monopolio de convocatoria que tiene el presidente", dijo Antoliano Peralta esta mañana.
Jueces designados en altas cortes escogidos por periodos únicos de 9 años y los plenos renovados gradualmente cada 3 años. La presidencia sería alternada cada 3 años a partir de los jueces designados.
Cinco años previos a su designación no pueden haber estado inscritos en partidos, ni haber realizado actividades de proselitismo político de manera constante.
Sobre el Tribunal Constitucional se mantendría mayoría calificada de 9 votos que actualmente rige para adopción de decisiones a acciones de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales y conflictos de competencias "pero se remitiría a la Ley la determinación de la mayoría exigida para la adopción de ciertas decisiones que son de su competencia.
Sobre el Ministerio Público
"Para garantizar independencia política no basta con excluir al Procurador General de la República del CNM", leyó el consultor. Dijo que era necesaria una transformación institucional. Establecer un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización. Invitación a cámaras legislativas e interpelaciones.
Se propone transferir funciones de la PGR como formulación de políticas del Estado contra criminalidad y administración del sistema penitenciario a un ente del Poder Ejecutivo para que la institución concentre sus tareas en persecución del delito.
El Procurador General de la República pasaría a llamarse Fiscal General de la República. El Procurador adjunto sería fiscal general adjunto. Procurador general de corte pasaría a fiscal regional.
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