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jueves 25 febrero, 2021

Pacto eléctrico: Gobierno asegura se eficienciará gasto distribuidoras energía; apuestan desarrollo energías renovables

Presidente Abinader encabeza firma pacto eléctrico.
El jefe de Estado aseguró además que el déficit del sector eléctrico es el responsable de la mitad de la deuda del sector público no financiero del país, así como también destacó la falta de competitividad y confianza de la energía en República Dominicana.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves que en los próximos días se iniciará la licitación de 800 megas de gas natural con su depósito para iniciar un proyecto de producción de este tipo de energía en Manzanillo, Montecristi.

Abinader habló durante la firma del Pacto Eléctrico entre diversos sectores, en la que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, agregó que próximamente se iniciarán además unos diez contratos de compraventa de energía renovable (solar y eólica).

Dijo que las empresas a las que se les adjudicarán estos contratos tienen concesiones definitivas, algunas de ellas desde hace siete, seis y cinco años. Este es el paso directo al contrato para vender la energia a las empresas distribuidoras.

Sobre el Pacto Eléctrico, Abinader consideró que este acuerdo (el Pacto Eléctrico) no es perfecto, pero sí el posible.

“Este pacto no es perfecto, yo estoy en desacuerdo incluso con algunas partes que quisiera que avanzaremos más, pero es el posible y, como explicó el ministro Almonte (Antonio Almonte), los puntos que nosotros habíamos objetado ya los estamos aplicando como gobierno para tener la coherencia necesaria y cumplir con lo que nosotros pensamos que debe hacer y mejorar el sector eléctrico”, dijo el primer mandatario durante la firma del pacto.

Agregó que el gobierno no se oponía a lo que se había planteado, sino que solicitaban que se extendiera con acciones como la liquidación de la CDEEE, caso de eliminar los consejos, auditorías de las Edes y al proyecto de Punta Catalina.

El jefe de Estado aseguró además que el déficit del sector eléctrico es el responsable de la mitad de la deuda del sector público no financiero del país, así como también destacó la falta de competitividad y confianza de la energía en República Dominicana.

En tanto que Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, indicó que la firma de este acuerdo no significa que los temas pendientes no serán abordados más adelante; sino que hay decision politica de que se siga dialogando con los sectores involucrados.

De acuerdo a Antonio Almonte, el suministro de energía pudiera ser de menor costo si “limpiamos el sistema eléctrico de lagunas distorsiones”, que requieren la aplicación de la ley y cambios de algunas normativas, las cuales estan consigando en el pacto eléctrico.

“Nosotros podríamos llevar a la sociedad dominicana un servicio electrico más estable, con abundante energía y a menor costo”, señaló Almonte.

El pacto abarca temas como la reducción de costos y mejoría del servicio, aspectos ambientales, tarifas, entre otros, que contribuirán el desarrollo de un servicio más competitivo y transparente, a menor costo y con mayor producción de energía para todos los sectores.

Texto integro sobre propuestas Pacto Eléctrico, a continuación anexamos:
I.- En cuanto a la participación privada en la comercialización de la energía, entendemos que el plazo mínimo para el inicio de estas actividades bajo esta condición no debe ser menor a cuatro (04) años luego de la firma del Pacto.

En el sentido a que las empresas distribuidoras no están preparadas para transferir a terceros las operaciones de comercialización.

II.- En relación a los sistemas eléctricos aislados se debe establecer un plazo no mayor a 12 meses para que todos estos queden conectados al sistema eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

De modo que el Estado garanticela continuidad del servicio eléctrico y puedán haber precios más competitivos para los consumidores de este servicio en las zonas turísticas del país.

III.- Otro punto relevante es con lo relativo a la energía no servida(apagones) que establece que las empresas distribuidoras están obligadas según el Parráfo II del Art. 93 de la Ley General de Electricidad 125-01, están obligadas a pagar una penalidad del 150% del precio de la tarifa respecto a la energía no servida.

Creemos que la Superintendencia debe hacer cumplir lo establecido en dicho Acápite para que no se continúe vulnerando los derechos de los usuarios del servicio energético en la República Dominicana.

IV.- Régimen de Consecuencias.
Relativo a los regímenes de consecuencias entendemos que deben quedar claramente establecidos los mecanismos de sanción o penalización por el incumplimiento de los planes de negocios y estratégicos que hayan sido contemplados en las propuestas consensuadas y aprobadas en el Pacto Eléctrico.

Principalmente lo relativo al plan integral de reducción de pérdidas y reducción de los gastos operativos de las distribuidoras.

En este sentido, consideramos que la SIEde crear un mecanismo de supervisión y control con el objetivo de focalizar losrecursos deinversión que realmente se necesite para optimizar el desarrollo del subsectoreléctrico

V.- Respecto al alumbrado público entendemos y exigimos que se establezcan claramente los roles que jugarán las empresas distribuidoras y los Ayuntamientos, debido a que el Reglamento y la Ley 125-01 en su Art. 134, no define de manera transparente las responsabilidades de estas instituciones respecto al tema.

VI.- Con relación al régimen Tarifario de las Empresas Distribuidoras, antes de proceder con la aplicación de una tarifa, y en consecuencias a la función de las variaciones de los precios medios de compra dichas empresas,la SIE debe garantizarque estas realicen las licitaciones de compra de energía de largo plazo para garantizar precios competitivos.

Luego de una reunión VAD(valor agregado de distribución) se proceda a establecer una tarifa técnica.

Vll.- Relativo a la matriz de generación consideramos que el estadodebe definir una política que garantice la transformación del parque de generación de modo que se reduzca el uso de los combustibles fósilesincentivando el uso de las energías renovables.

En ese mismo sentido relativo al proyecto Punta Catalina consideramos que las operaciones técnicas y financiera deben estar bajo el control absoluto del Estado Dominicano, por ser considerado la energía un bien de Seguridad Nacional y que en momentos de situaciones de emergencia ante cualquier evento inesperado que ponga en riesgo el suministro de energía a la población. El estado a través del Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones pertinentes y adecuadas sin trabas de sectores que pongan por encima sus intereses sin tomar en consideración la estabilidad del país en materia energética.

Vlll.- Sobre la contabilidad regulatoria, se debe garantizar el cumplimiento a lo citado en el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad 125-01; Las empresas del sector eléctrico deben otorgar a la Superintendencia de Electricidad el libre acceso a sus libros de contabilidad y costos, así como cualquier información financiera, técnica y económica que estime necesaria para el correcto funcionamiento del sector eléctrico, y esta superintendencia a su vez debe proporcionar las informaciones a las entidades que lo soliciten.

lX.- Sobre las Licitaciones para compra de energía y el porcentaje de los requerimientos de las Edes, según Art. 110; los precios de compra y venta de energía, se han mantenido muy elevados durante el transcurso del tiempo, básicamente, porque no se le ha dado cumplimiento a lo citado en el Art. 110 del Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad 125-01, el cual obliga a las empresas Distribuidores a realizar licitaciones públicas para la compra y venta de energía. Por otro lado, las empresas distribuidoras están obligadas a mantener contratos de largo plazo que garanticen el 80% del suministro a los usuarios y el 20% restante a comprarlo en el mercado SPOT.

No es un secreto, que actualmente los puntos antes señalados están en franca violación, debido a que las Edes tienen apenas el 50% bajo contrato y no han realizado las licitaciones de largo plazo como indica el reglamento.

 

 

 

Por La Redacción
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